El comunicado de la Procuración Según el organismo, la resolución "constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país". La Procuración consideró además que el resultado representa "un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional" y sostuvo que ratifica la importancia de mantener una estrategia jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa del interés público. El conflicto El conflicto judicial se originó a partir de la expropiación de YPF realizada en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Años después, accionistas minoritarios iniciaron una demanda en los tribunales estadounidenses al considerar que el Estado argentino incumplió obligaciones previstas en el estatuto de la compañía. Burford Capital adquirió los derechos litigiosos de esos accionistas y se convirtió en el principal impulsor de la demanda. En primera instancia obtuvo un fallo favorable de la jueza Loretta Preska, que condenó a la Argentina a pagar una indemnización superior a los U$S 16.000 millones, cifra que con intereses podía acercarse a los U$S 18.000 millones.

Sin embargo, el 27 de marzo de este año la Cámara de Apelaciones revirtió esa sentencia y dejó sin efecto la condena. En aquella resolución, el tribunal sostuvo que los reclamos de los accionistas no eran admisibles bajo el derecho argentino y devolvió el expediente para la continuidad de las actuaciones conforme a los criterios fijados por la alzada. Los jueces señalaron entonces que "las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento".

Tras ese revés, Burford intentó una nueva ofensiva judicial y pidió que el caso fuera revisado por el pleno de la Cámara. El planteo fue rechazado este lunes mediante una resolución firmada por la secretaria del tribunal, Catherine O'Hagan Wolfe. Tras conocerse el fallo de la Cámara de Apelaciones, las acciones de la firma registraron una caída superior al 43%, mientras que su capitalización bursátil sufrió una marcada reducción respecto de los niveles alcanzados durante 2023.

La apelación en banc es una herramienta utilizada en circunstancias excepcionales y requiere que la mayoría de los jueces del tribunal considere necesario revisar una decisión previa. En este caso, la solicitud no prosperó. Con esta nueva decisión, Burford quedó con una única instancia disponible dentro del sistema judicial estadounidense: solicitar la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos.

La reacción de los funcionarios Desde YPF también valoraron el alcance de la resolución. En ese marco, Horacio Marín afirmó en su cuenta de X que la decisión "confirma lo ya decidido, evitando para nuestro país un pago de 16.000 millones de dólares más intereses". Además, destacó que el resultado judicial permite a la empresa avanzar con sus planes de crecimiento y consolidar sus objetivos de expansión para los próximos años.

El presidente Javier Milei celebró el fallo en su cuenta de la red social X y lo calificó como un "nuevo éxito en la Justicia de New York para YPF". Por su parte, el ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, sostuvo que, tras este rechazo, el fondo tiene un plazo de 90 días para presentar ese recurso y consideró remotas las posibilidades de éxito.