Un audio volvió a poner en el centro de la escena la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abrió interrogantes sobre el financiamiento de un acto encabezado por el presidente Javier Milei en el Movistar Arena el 6 de octubre pasado, a días de las elecciones de 2025. Según la investigación difundida por el periodista Raúl Kollmann, en la grabación se menciona el aporte de unos u$s70.000 por parte de empresarios vinculados al sector farmacéutico para cubrir costos del evento, en el que el mandatario presentó un libro y participó con un show musical. Caso ANDIS: investigan la conexión entre Javier Milei y el cobro de retornos El dato cobra relevancia porque esos mismos actores aparecen vinculados al circuito de proveedores del Estado bajo investigación judicial, en una causa que analiza posibles retornos y sobreprecios en contrataciones de medicamentos dentro de la ANDIS.

La causa se originó tras la difusión de audios atribuidos a exfuncionarios del organismo, donde se describía un esquema de presuntos sobornos asociados a la adjudicación de contratos, con porcentajes de retorno sobre la facturación. En ese contexto, la revelación sobre el financiamiento del acto suma un nuevo capítulo a una investigación que ya impactó en el escenario político, al involucrar a figuras cercanas al oficialismo y a empresas beneficiadas por contratos públicos. Desde el Gobierno, las acusaciones fueron rechazadas en reiteradas ocasiones y calificadas como operaciones políticas, mientras la causa continúa en la Justicia sin definiciones concluyentes.

Así, el episodio del Movistar Arena deja de ser solo un evento de campaña para convertirse en una pieza más dentro de una trama más amplia que mezcla política, negocios y sospechas de corrupción. ANDIS: piden nuevas indagatorias para Diego Spagnuolo y más de 20 empresarios La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con el pedido de indagatoria para Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y más de 20 empresarios vinculados a la provisión de insumos médicos de alto costo. Según la fiscalía, se habría montado un esquema articulado entre funcionarios y privados que generó erogaciones por más de $75.478 millones de pesos del Estado.

De acuerdo con lo acreditado por la Fiscalía, las maniobras se desarrollaron al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Durante ese período, funcionarios de la ANDIS direccionaron de manera deliberada múltiples compras de insumos denominados PACBI, favoreciendo a proveedores vinculados, quienes resultaron adjudicatarios de millonarias contrataciones a cambio de retornos y beneficios indebidos. Las actuaciones judiciales indican que el entramado incluyó a más de 20 empresarios y más de 30 firmas, articulados con referentes del sector público como Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, y del ámbito privado, entre ellos Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

Las compras irregulares y el impacto en el sistema de salud Los hechos investigados adquieren especial gravedad por el tipo de insumos involucrados. Se trata de dispositivos médicos de alto costo, como prótesis para amputaciones, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, entre otros. Estos productos eran gestionados a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas en situación de vulnerabilidad, sin cobertura médica específica.

Según determinó la investigación, el Programa Incluir Salud, dependiente de la ANDIS, fue utilizado como plataforma para implementar un sistema ilegal de pagos permanentes en favor de determinados proveedores. La Fiscalía sostuvo que, en lugar de cumplir con su función social, el programa fue utilizado para canalizar recursos públicos hacia intereses privados, afectando tanto al Estado como a la población destinataria de estas políticas. Otras acusaciones en ANDIS El esquema incluyó prácticas como la autorización selectiva de comercialización con la ANDIS, la filtración de información privilegiada para facilitar adjudicaciones y la coordinación entre empresas para manipular procesos de contratación.

Además, se detectó la participación directa de empresarios en decisiones clave, como la definición de precios, la selección de proveedores adjudicatarios y la contratación de personal. Tras siete meses de investigación, la Fiscalía concluyó que la ANDIS operó como una estructura discrecional destinada a concentrar beneficios económicos en proveedores específicos, mediante contrataciones por fuera de los principios de transparencia, competencia y control que rigen la administración pública. Actualmente, la causa cuenta con 19 personas procesadas y más de 20 involucrados adicionales sobre los cuales se solicitó el llamado a indagatoria.