La investigación sobre presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ha cobrado un nuevo impulso judicial. El foco de las pesquisas se centra en una serie de capturas de pantalla de chats de WhatsApp que detallan maniobras de recaudación de fondos ilegales. En estas conversaciones, los intermediarios mencionan reiteradamente que el dinero de los retornos tiene un destino específico: una figura identificada únicamente con las iniciales "KM", las mismas de Karina Milei.

Según la información que integra el expediente, la trama involucra a ex funcionarios del organismo, señalando particularmente a Maximiliano Keczeli como uno de los nombres clave en la gestión de estos pedidos de dinero a los proveedores. En los mensajes peritados, el tono de la exigencia es directo y sitúa la responsabilidad de la recaudación por encima de la estructura formal del organismo, sugiriendo que los fondos no quedaban en manos de los cobradores, sino que debían "subir" en la escala jerárquica. La recurrencia de las siglas "KM" ha llevado a los investigadores a analizar los vínculos con el entorno de máxima confianza en la Casa Rosada.

La sospecha principal de la Justicia apunta a determinar si esas iniciales corresponden a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, dada su posición estratégica y su relación directa con los funcionarios involucrados en el área. El escándalo, que golpea el núcleo del discurso oficial contra la corrupción, pone en jaque la narrativa de transparencia del Gobierno. Mientras la Justicia intenta certificar si la identidad detrás de las iniciales es efectivamente la de la hermana del mandatario o si su nombre fue utilizado para dar cobertura política a la maniobra, el impacto institucional crece.

La investigación busca ahora confirmar si el dinero recolectado en un organismo destinado a los sectores más vulnerables fue desviado hacia el financiamiento de estructuras políticas.