"En vísperas de este nuevo 3 de junio, el femicidio de Agostina Vega en Córdoba sacude al país, nos interpela y debería hacer reaccionar a un Estado que no reconoce la existencia de la violencia sexista. Una madre intentando hacer una denuncia a las pocas horas de la desaparición de la adolescente de 14 años y una policía que no solo no la tomó, sino que desestimó la desesperación de su familia con el argumento de que debía esperar. Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, “la toma de denuncias en casos de personas desaparecidas o extraviadas se regirá de acuerdo a los siguientes principios: Inmediatez, Suficiencia y Judicialización”.

Nada de esto se cumplió y demoró el “Alerta Sofía” y la protección de la escena primaria, sostuvo en un comunicado La Casa del Encuentro, una de las organizaciones más activas en cuanto a dar a conocer la problemática social de los femicidios en el país. En su mensaje la organización no gubernamental difundió que desde el 3 de junio de 2015 hasta la actualidad ocurrieron 3073 femicidios vinculados a mujeres y niñas, lo que se estima un caso con esa caratula cada 30 horas. De esa estadística, 3840 hijos e hijas quedaron sin madre cada 25 horas.

La asociación civil cuestionó el último informe entregado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que se señala que el número de femicidios desciende año tras año y es menor a la relevada por la sociedad civil. "En primer lugar, cabe destacar que el informe de la Corte contabiliza las causas judiciales iniciadas durante ese año, eso significa que aquellos femicidios y femicidios vinculados que no fueron investigados judicialmente quedan excluidos. Además, de acuerdo a la metodología anunciada en sus informes, el organismo contabiliza aquellas causas judiciales en las que se investigan hechos tipificados por el art. 80 del Código Penal pero no se contabilizan los femicidios en contexto de narcotráfico como sí lo hace nuestro Observatorio. Por último, cuando las causas judiciales no están tipificadas por el articulo 80 agravado (incisos 1, 4, 11 o 12) queda a discreción de la Corte qué causas son contabilizadas o no, por lo que puede ocurrir que, si durante la investigación se omitió valorar el contexto de violencia de género o si aplicaron las leyes locales de violencia familiar, para el Observatorio de la Corte no se considera femicidio", comunicó La Casa del Encuentro. "Del 1 de enero a 30 de mayo de 2026, registramos 104 víctimas: 90 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 5 transfemicidios, 9 femicidios vinculados de varones adultos y niños y 233 tentativas de femicidios.

Es por todo esto que exigimos un trabajo articulado, multidisciplinario y federal, respetando y cumpliendo la legislación vigente y manteniendo organismos, programas y políticas públicas que trabajen en la prevención de la violencia por razones de género y en la protección de quienes se encuentran en peligro", destacó la organización. En este contexto, la evolución de los femicidios en el país durante la gestión de Javier Milei se convirtió en un eje de debate público a partir de los informes difundidos por varias organizaciones civiles que monitorean la violencia de género ante la ausencia de estadísticas oficiales consolidadas en tiempo real. Uno de los relevamientos más citados es el que elabora el Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven", que construye sus registros a partir del análisis de casos publicados en medios gráficos y digitales de todo el país.

De acuerdo con los datos de esa organización, en los primeros meses de la actual administración se registró un incremento en la cantidad de femicidios en comparación con el mismo período del año anterior. El informe correspondiente al primer cuatrimestre de 2024, por ejemplo, contabilizó más de 80 femicidios, lo que implicó un aumento respecto de igual lapso de 2023. La tendencia se mantuvo en los reportes posteriores, que señalaron una frecuencia de un femicidio cada 30 a 36 horas, dependiendo del corte temporal considerado.

Estos números incluyen tanto los casos tipificados judicialmente como femicidios como aquellos que, por sus características, encuadran dentro de la definición de violencia letal por motivos de género. El observatorio también advirtió sobre un aumento en los intentos de femicidio y en otras formas de violencia extrema, así como sobre la persistencia de patrones estructurales: la mayoría de los crímenes son cometidos por parejas o exparejas de las víctimas y ocurren en contextos de violencia previa. En ese sentido, el informe remarca que un porcentaje significativo de las mujeres asesinadas había realizado denuncias o contaba con medidas de protección, lo que vuelve a poner en discusión la efectividad de los mecanismos de prevención.

El crecimiento de estas cifras fue vinculado por distintas organizaciones con cambios en las políticas públicas implementadas desde diciembre de 2023. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la reducción de programas específicos, la reconfiguración de áreas estatales dedicadas a género y diversidad y el recorte presupuestario en dispositivos de asistencia. Desde el gobierno nacional rechazaron esa interpretación y sostuvieron que la problemática de la violencia de género responde a factores estructurales de largo plazo que no pueden atribuirse a una gestión en particular.