La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito avanzó sobre un nuevo punto sensible: la compra y posterior refacción de un departamento ubicado en Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito. En el expediente ya fueron incorporadas imágenes del inmueble antes y después de las obras, con el objetivo de reconstruir el alcance de la remodelación y determinar quién afrontó ese gasto. La propiedad fue comprada por dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes declararon ante la Justicia que no participaron directamente de los detalles de la operación.

Según dijeron, esas gestiones quedaron en manos de Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas. Ambas perciben haberes jubilatorios de alrededor de $350.000, aunque sostuvieron que contaban con dinero disponible para concretar la adquisición a medias en mayo de 2025. De acuerdo con la reconstrucción judicial, el departamento había sido vendido por el futbolista Hugo Morales en u$s200.000 y, seis meses después, fue transferido a Adorni por u$s230.000.

Según consta en la causa, el funcionario entregó un adelanto de u$s30.000 y quedó endeudado con las vendedoras por los u$s200.000 restantes. La remodelación bajo la lupa Uno de los ejes que ahora analiza el fiscal Gerardo Pollicita es el costo de la remodelación del departamento. El interés pasa por establecer si las obras realizadas alcanzan para justificar la diferencia advertida en la operación, estimada en unos u$s30.000, y, sobre todo, quién financió esos trabajos.

En ese marco, la Justicia incorporó fotografías que muestran el estado original del inmueble y cómo quedó tras las refacciones. En las imágenes se observan cambios notorios en sectores como la cocina, los baños, las habitaciones, los pasillos y el patio, con una transformación integral de los ambientes y una mejora visible en terminaciones, mobiliario y diseño. La pesquisa busca determinar si esa puesta en valor fue solventada por las jubiladas que figuran en la operación, por el propio funcionario o por un tercero.

Esa definición es considerada clave para establecer si existió o no una evolución patrimonial que no pueda ser explicada con los ingresos declarados. Antes y después: las imágenes del departamento en Caballito Cómo sigue la causa La investigación por presunto enriquecimiento ilícito se inició a partir de una serie de denuncias vinculadas al viaje de Adorni en avión privado a Punta del Este y a presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción. En paralelo, en relación con otra propiedad ubicada en Asamblea al 1100, las policías Isabel Molina y Victoria María José Cancio ratificaron que el funcionario mantiene con ellas una deuda de u$s70.000 más intereses, con vencimiento en noviembre de este año.

Además, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, de su esposa Bettina Angeletti y de sus cuatro acreedoras. A eso se sumó un pedido de información patrimonial y financiera a ARCA, con el fin de establecer si las personas involucradas tenían capacidad económica para justificar los créditos o garantías hipotecarias que aparecen en la documentación reunida en el expediente. La ronda de testimoniales seguirá la semana próxima.

El lunes 20 de abril fueron citados los titulares de la inmobiliaria que intervino en la compraventa del departamento de Caballito, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi. Dos días después, el miércoles 22, deberá presentarse Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que figura como vendedora del inmueble. La causa también avanzará sobre otra propiedad atribuida a Adorni, ubicada en el country Indio Cuá, y sobre las obras que allí se habrían realizado.

En ese tramo fueron convocados el exdueño Juan Ernesto Cosentino y el contratista Matías Tabar, a quien el fiscal le pidió que aporte presupuestos, órdenes de trabajo, adicionales de obra y toda otra documentación que permita precisar el alcance de la remodelación.