En un fallo dividido, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió anular el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte del Estado y devolvió el expediente al juzgado federal 11, actualmente a cargo de Ariel Lijo para que se dicte un nuevo pronunciamiento. La mayoría del tribunal entendió que el procesamiento presentaba defectos relevantes, especialmente en relación con la forma en que se construyó la imputación. Según ese criterio, no se respetaron plenamente las garantías del debido proceso, ya que se incorporaron hechos o elementos que no habían sido planteados con claridad en la etapa de indagatoria.

Para los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo, la Cámara Federal Porteña "se apartó de la postura expresamente solicitada por la fiscalía y la defensa", resolviendo más allá de lo que las partes reclamaban. En ese exceso, señaló Borinsky en su voto, se afectaron el principio acusatorio, el contradictorio y el debido proceso. En septiembre del año pasado, Jose Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal Porteña, sostuvo que “no se hallaron pruebas suficientes para mantener la acusación con el grado de certeza requerido en la etapa actual del proceso” y reclamó a los magistrados de la Sala II de ese tribunal, Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, revertir el dictado por el juez Sebastián Casanello y que se dicte la falta de mérito.

No obstante, el fiscal ante casación Raúl Pleé tomó una posición inversa a la de su colega de la instancia anterior y rechazó los argumentos defensivos e instó a mantener el procesamiento, apoyándose en el principio de unidad de actuación del Ministerio Público. Tanto Borinsky como Carbajo sostuvieron que el dictamen de Pleé "no ofreció razones concretas, ajustadas al caso" que justificaran apartarse de la postura fiscal anterior, y que sus invocaciones genéricas al principio institucional no alcanzaban para subsanar el vicio procesal original. Por su parte, Gustavo Hornos consideró que el recurso de la defensa directamente no debía ser admitido, dado que el procesamiento dictado sin prisión preventiva, no constituye una sentencia definitiva ni un acto equiparable a tal, por lo que no superaba el umbral de impugnabilidad previsto en el Código Procesal Penal.

Además, Hornos valoró positivamente el dictamen del fiscal ante Casación y entendió que, con esa intervención, quedaba disipado el agravio invocado sobre la ausencia de acusación. En su criterio, el procesamiento se encontraba "suficientemente fundado en derecho" y respaldado por indicios de un esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales, instrumentado mediante el Decreto 823/2021 firmado por el propio Fernández. La investigación gira en torno a presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado a raíz de ese decreto, que centralizó las operaciones en Nación Seguros S.A.

Según la pesquisa, el mecanismo habría permitido la intervención de intermediarios privados que cobraron comisiones muy superiores a las de mercado el total abonado a brokers habría superado los 3.300 millones de pesos, con potencial perjuicio para las arcas públicas. Entre los procesados en la causa figuran ex funcionarios del gobierno de Fernández, brokers vinculados al esquema y Héctor Martínez Sosa amigo del ex presidente y esposo de su exsecretaria privada, María Cantero, quien habría concentrado el 59,6% de las comisiones distribuidas entre los intermediarios.