Al acabar las rebajas fiscales y retrasarse el decreto de las accisas móviles, el gasóleo vuelve a subir. El transporte por carretera amenaza con un paro y el Gobierno cita a las petroleras que ya aplican precios limitados. El gasóleo ha vuelto a encarecerse 0,61 euros por litro desde este martes, tras la expiración a medianoche del último descuento fiscal sobre los carburantes.

Sin la publicación del decreto ministerial que se esperaba en la Gaceta Oficial, el anunciado mecanismo de los "impuestos especiales móviles" sigue bloqueado. El llenado del depósito en las gasolineras es oficialmente más caro, lo que marca la desaparición total de los recortes fiscales sobre los carburantes por primera vez desde el pasado marzo, cuando se aprobó el primer decreto tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Pese a las garantías de los últimos días sobre la activación de los impuestos especiales móviles, la norma con la doble firma del Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética y del Ministerio de Economía y Finanzas no ha llegado a tiempo.

Los impuestos especiales móviles son un instrumento concebido para reutilizar la recaudación adicional del IVA derivada de las subidas del crudo del mes anterior. A diferencia de los descuentos financiados con fondos públicos, este sistema no incrementa el déficit, pero permite una reducción menor de los precios. El tipo del impuesto especial sobre el gasóleo vuelve así a los niveles ordinarios.

Se trata del acto final de una reducción gradual iniciada el pasado 26 de septiembre, cuando el descuento original de 0,122 euros ya se había reducido a la mitad. En la mesa del Ejecutivo sigue sin resolverse también la cuestión de las medidas específicas para las capas sociales con menos recursos y los transportistas por carretera, sobre las que hasta ahora no se ha alcanzado un acuerdo político. Palazzo Chigi había anunciado su intención de abandonar los recortes generalizados sobre los carburantes, que benefician a las personas con más recursos, que consumen más, en favor de medidas específicas para las categorías más expuestas a las subidas.

La alarma del transporte por carretera El fin de las bonificaciones ha hecho reaccionar al sector de la logística. Assotir ha lanzado un "grito de ayuda", subrayando la gravedad de la situación para las empresas. "El transporte de mercancías por carretera está viviendo un momento dramático y, si no se detiene por una protesta, se detendrá por el coste del gasóleo", ha declarado la presidenta de Assotir, Anna Vita Manigrasso. El secretario general de la asociación, Claudio Donati, no ha descartado la convocatoria de una huelga sectorial. "Es un arma definitiva, porque significa parar el país.

Querríamos evitarlo, pero a falta de respuestas el Gobierno tendrá que rendir cuentas con nosotros", afirmó. La respuesta del Gobierno y del sector privado Para intentar contener los efectos del escenario internacional, el ministro de Empresas y del Made in Italy, Adolfo Urso, y el ministro del Mase, Gilberto Pichetto, han convocado para este jueves en el Palazzo Piacentini a los principales operadores de la refinación, entre ellos Eni, IP, Q8, Saras e Isab, para evaluar un aumento de la producción interna. Paralelamente, el sector privado ha movido sus primeras fichas.

Eni ha introducido desde el 28 de septiembre un precio máximo de 2,19 euros por litro para el gasóleo y 1,99 euros para la gasolina, durante 30 días en la red Enilive. Iniciativas similares de contención de precios o descuentos modulares han sido puestas en marcha también por IP y Q8, cubriendo en conjunto más de 11.000 estaciones de servicio, más de la mitad de la red nacional. La presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, ha expresado su satisfacción por la respuesta de los grupos petroleros y ha agradecido "a todos los que realizan un esfuerzo en un momento de dificultad".

El panorama general sigue siendo incierto, lastrado por los temores expresados por Bruselas ante un "invierno difícil" ligado al coste de la energía, que empujan a la Unión Europea a valorar el aplazamiento hasta 2028 de las normas contra las fugas de metano en las importaciones energéticas.