En redes sociales denuncian que candidatos del partido de la U no pagaron a sus testigos electorales - crédito @levisdelatorre1 / TikTok La jornada electoral del 8 de marzo en Colombia, en la que se escogieron los nuevos integrantes de la Cámara y el Senado, se ha visto empañada por reclamos de trabajadores que participaron como testigos electorales. Las denuncias llegaron a través de redes sociales, donde usuarios aseguraron que presuntamente no recibieron el pago prometido por parte de campañas políticas. Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel Una de las voces más visibles fue la de Levis de la Torre en TikTok.

En su video, personas afectadas se reunieron frente a una sede de campaña cerrada, exigiendo explicaciones. Entre los gritos, se escuchó: “Rata inmunda, animal rastrero”, en alusión a los responsables. Durante la protesta, los manifestantes señalaron específicamente a los candidatos de los partidos de la U y Todos somos Colombia.

Los reclamos incluyeron frases como: “Ponen a trabajar a la gente y no le pagan. Partido de la U” y “Uribista de mierda”. La indignación creció cuando los presentes acusaron a los organizadores de fraude electoral: “Fraude electoral.

Respondan”. La tensión se mantuvo mientras algunos manifestantes insistían: “Ladrones y no nos vamos a ir” y “No sean cobardes, no se escondan en las ratoneras”. En un segundo video, el descontento persistía: “Toda esta gente esperando acá que el candidato se voló y no pagó.

Jurados, testigos y todo el mundo están arrebatados”. Algunos asistentes propusieron exponer la situación en redes sociales, mencionando nombres concretos y planeando: “Vamos a cogerla por las redes sociales y hacerle el reclamo”. Las exigencias de los afectados continúan circulando en línea.

La senadora electa María Irma Noreña y Jorge Iván Mina, fueron señalados de, presuntamente, contratar testigos electorales sin cumplir con los pagos prometidos por su labor en la jornada. Hasta el momento, las dos figuras políticas no han ofrecido declaraciones sobre las acusaciones. El papel de los testigos electorales se ha convertido en un punto central en el debate sobre la transparencia de los procesos electorales en Colombia.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, estos ciudadanos actúan como veedores naturales del proceso electoral y tienen la responsabilidad de representar a los partidos, movimientos o grupos de ciudadanos que postulan candidatos. En la estructura del sistema electoral colombiano, los testigos son piezas independientes de la organización oficial, ya que no forman parte de los jurados ni de las autoridades electorales. Su presencia responde a la necesidad de vigilancia y garantía de transparencia: observan el desarrollo de la votación y el escrutinio en las mesas, reportando cualquier irregularidad que identifiquen.

Para ejercer como testigo electoral, cualquier persona con derecho a votar puede acercarse a un partido o movimiento político y postularse de manera voluntaria. La decisión final sobre quiénes serán acreditados corresponde a las organizaciones políticas, que deben inscribir a sus testigos ante la Registraduría. Sólo quienes cuenten con la acreditación oficial podrán ingresar a los puestos de votación y cumplir su función.

El proceso de acreditación se realiza a través de la Plataforma Única del Consejo Nacional Electoral. Los testigos electorales reciben un código QR personal, necesario para su identificación y validación antes de ingresar al lugar designado. Para ser admitido como testigo, se requiere ser ciudadano habilitado para votar, no haber sido seleccionado como jurado y no tener inhabilidades legales.

Además, la acreditación formal por parte de un partido o movimiento es imprescindible. Durante la jornada electoral, los testigos tienen derecho a presentar reclamaciones formales si detectan errores en los formularios o inconsistencias en el conteo de votos. Pueden solicitar recuentos en los casos que la ley lo permite y dejar constancia escrita ante los jurados sobre los hechos observados.

Aunque los testigos electorales cumplen una función pública transitoria, no reciben salario ni forman parte de la nómina estatal. En ocasiones, las campañas pueden ofrecerles alimentación o cubrir gastos de transporte, pero no existe un pago oficial establecido para esta tarea.