El mapa de las plataformas digitales que transformaron la movilidad y la logística urbana ya tiene un nuevo árbitro oficial. El Gobierno nacional determinó que la Secretaría de Transporte será la autoridad de aplicación del régimen que regula a los servicios privados de movilidad y reparto prestados mediante aplicaciones tecnológicas. La medida quedó oficializada este lunes a través del Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La normativa impacta de lleno en el día a día de un sector en constante expansión y alcanza directamente a gigantes tecnológicos que operan con fuerza en Mendoza y el resto del país, como Uber, Cabify, DiDi, Rappi y PedidosYa, además de otras firmas locales con esquemas de negocio similares. A partir de ahora, esta secretaría —que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación— tendrá a su cargo la implementación del régimen específico diseñado para los prestadores independientes que generan sus ingresos mediante estas aplicaciones móviles. Por su parte, la Secretaría de Trabajo no quedará totalmente al margen, sino que conservará competencias estrictas ligadas a los convenios colectivos que, eventualmente, puedan surgir en torno a la actividad.

Logística antes que contrato laboral tradicional En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo argumentó que la decisión de inclinar la balanza hacia el área de Transporte responde a que la naturaleza principal de estos servicios está indiscutiblemente ligada a la movilidad y la logística urbana, más que a un esquema de empleo clásico. Este paso legal se inscribe dentro de la letra chica de la reforma laboral sancionada por el Congreso de la Nación. Cabe recordar que dicha reforma creó un ecosistema jurídico particular para los prestadores de servicios de plataformas, excluyéndolos expresamente del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo.

Con la firma de este decreto, la Casa Rosada ratifica un criterio que viene sosteniendo con firmeza: considerar a los choferes y repartidores como trabajadores independientes sujetos a una regulación propia, diferenciada del régimen laboral tradicional de relación de dependencia. El fin de una larga discusión regulatoria Fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron a la agencia Noticias Argentinas que este decreto representa uno de los giros más profundos introducidos por la reforma laboral en lo que respecta a la denominada "economía de plataformas". Se trata de un terreno que, desde el desembarco de las aplicaciones al país, estuvo signado por fuertes polémicas, debates legislativos y marchas y contramarchas en los tribunales sobre qué tipo de vínculo unía a las empresas con los usuarios prestadores.

Desde el entorno oficial recalcarcaron que el objetivo final de la medida es "otorgar mayor previsibilidad regulatoria" a una actividad económica que no para de crecer. Al delegar la supervisión en Transporte, el Gobierno apuesta a que el control quede en manos de un organismo con las competencias técnicas específicas para entender en dinámicas de flujo vehicular, transporte de pasajeros y distribución de bienes. El tablero ya está dispuesto, y ahora las miradas se posarán sobre cómo se adaptarán las empresas y los miles de trabajadores autónomos que recorren las calles mendocinas a esta centralización fiscalizadora.