Lo que originalmente era un operativo de la Justicia provincial de Neuquén para esclarecer un presunto robo, terminó derivando en una causa de competencia federal que terminó con una sentencia condenatoria. El hallazgo de estupefacientes en su domicilio de San Patricio del Chañar, ocultos entre muebles y cajones de cerveza, activó un mecanismo judicial que puso a un hombre frente al Tribunal Oral Federal (TOF) bajo cargos de narcotráfico, aunque la resolución final tomó un rumbo diferente al previsto inicialmente: todo terminó en condena de prisión en suspenso. En una audiencia celebrada bajo la modalidad de juicio abreviado, el juez Alejandro Silva homologó el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa de José Hugo Daniel Rojo. La sentencia no solo establece una pena de prisión en suspenso para el imputado, sino que impone una severa reparación económica con fines sociales. El caso resalta por la naturaleza fortuita de la detección del delito: sin investigaciones previas ni escuchas telefónicas, la droga «apareció» mientras los agentes buscaban elementos robados, lo que condicionó la estrategia de ambas partes durante el proceso. La casa como «depósito» El operativo que dio origen a la causa data del 2023 y se centró en una vivienda ubicada en la calle 128 de San Patricio del Chañar. Según consta en el fallo, la orden de allanamiento emanada por el juez de garantías Gustavo Ravizzoli buscaba elementos vinculados a un robo denunciado en la comisaría 13. Sin embargo, al ingresar a la habitación principal, los efectivos tropezaron con la primera evidencia de lo prohibido: cuatro envoltorios de marihuana y nueve dosis de cocaína ocultos sobre un ropero de madera y dentro de un recipiente plástico. La inspección se extendió al sector trasero de la vivienda, donde la estructura de una modesta casilla de madera y nylon funcionaba como un búnker improvisado. Allí, la policía descubrió la mayor parte del cargamento: dos bolsas de nylon con casi un kilo de marihuana y otra bolsa con 26 gramos de cocaína, apoyadas sobre cajones de cerveza. En total, la pericia química confirmó el secuestro de 974,726 gramos de cannabis sativa y 28,962 gramos de clorhidrato de cocaína, además de una suma de $114.700 en efectivo que el imputado tenía en su poder. Del tráfico a la tenencia simple: el giro de la fiscalía Aunque inicialmente el hombre fue requerido a juicio bajo la calificación de «tenencia con fines de comercialización», la etapa de juicio oral trajo un replanteo fundamental por parte del Ministerio Público Fiscal. La fiscalía explicó que, tras un nuevo análisis del legajo bajo el principio de objetividad, la acusación decidió modificar la calificación hacia una «tenencia neutra». Esta decisión se fundamentó en la debilidad de las pruebas para sostener que la droga estaba destinada a la venta minorista. El análisis del teléfono celular del encausado fue el punto de inflexión. Si bien se hallaron dos fotografías y dos mensajes que en la instrucción parecieron incriminatorios, en el juicio se determinó que «no son suficientes respecto de la ultrafinalidad que requiere el tipo penal». Según el fallo, se trataba de mensajes no contestados que, sumados a la manifestación del imputado sobre su propio consumo, no permitían acreditar con certeza el destino de comercio. Por ello, la fiscalía optó por la calificación de tenencia simple de estupefacientes (artículo 14, primer párrafo de la Ley 23.737), una postura que fue ratificada por el Defensor Oficial, Pablo Repetto. Reparación solidaria y reglas de conducta La sentencia dictada esta semana por el magistrado Silva impuso una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional. Al no contar con antecedentes penales previos, el imputado evitará la cárcel efectiva, pero deberá someterse a estrictas reglas de conducta por el mismo término de la condena. Entre las obligaciones impuestas se destacan la prohibición de frecuentar «personas del ambiente de las drogas», la obligación de presentarse periódicamente ante la Dirección de Control y Ejecución Penal (Dcaep) y la prohibición absoluta de cometer nuevos delitos. Un punto sobresaliente del acuerdo es la dimensión económica de la condena. El condenado aceptó que los $114.700 secuestrados en el allanamiento —que permanecían en un plazo fijo judicial— sean donados íntegramente al hospital Castro Rendón. A esta suma se le añade el pago de 600.000 pesos adicionales, también con destino al nosocomio neuquino, pagaderos en dos cuotas. «La pena y modalidad tiene que ver con el análisis de las condiciones del condenado, su situación personal y la falta de antecedentes», señaló el tribunal al validar la proporcionalidad de la sanción. Lo que originalmente era un operativo de la Justicia provincial de Neuquén para esclarecer un presunto robo, terminó derivando en una causa de competencia federal que terminó con una sentencia condenatoria. El hallazgo de estupefacientes en su domicilio de San Patricio del Chañar, ocultos entre muebles y cajones de cerveza, activó un mecanismo judicial que puso a un hombre frente al Tribunal Oral Federal (TOF) bajo cargos de narcotráfico, aunque la resolución final tomó un rumbo diferente al previsto inicialmente: todo terminó en condena de prisión en suspenso.