Los transportistas reclaman que el Gobierno no cumplió con los compromisos asumidos respecto a la provisión de combustibles de mejor calidad ni con el resarcimiento económico por los daños provocados en motores y vehículos debido a la gasolina considerada “defectuosa”. También denunciaron largas filas en estaciones de servicio y el impacto de los bloqueos sobre la actividad económica. En medio de la tensión, algunos sectores de base pidieron incluso la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, aunque la dirigencia aclaró que esa exigencia no será incluida oficialmente en la resolución del paro.

En paralelo, el Gobierno impulsó una ley que habilita una mayor intervención militar en conflictos internos. También se dio otra marcha muy significativa. Mujeres de la comunidad Aymará tomó el centro de la capital para protestar.

De nuevo, las mujeres más radicalizadas se pararon frente a los cordones policiales para pedir directamente la renuncia del presidente Paz Pereira. La Paz: problemas con los alimentos, el combustible y sin transporte Bolivia parece marchar a dos velocidades. La alternativa de encauzar el diálogo político - como quiere el Gobierno - para solucionar la crisis avanza muy lentamente.

En la calle, por el contrario, la velocidad es muy diferente: mucho más rápida, con bloqueos, falta de combustible y de alimentos, y protestas masivas de vecinos de El Alto hacia la capital. A eso se sumaron este miércoles colectivos de mujeres aymarás en plena La Paz y, desde las cero de este jueves, los paceños se quedaron sin transporte debido a un paro por tiempo indeterminado. El conflicto del transporte en Bolivia sumó este jueves un nuevo capítulo luego de que el dirigente del transporte libre, Limbert Tancara, confirmara que el sector evaluará en las próximas horas si mantiene el paro indefinido que ya afecta a distintos puntos de La Paz.

En declaraciones a La Razón Radio, Tancara explicó que los representantes de cada sector mantendrán una reunión pasado el mediodía para analizar la situación y definir las medidas que se adoptarán para la jornada siguiente. “Vamos a hacer una evaluación con los compañeros representantes de cada sector, para ver qué determinación tomamos para el día de mañana o si se mantiene el paro indefinido”, afirmó el dirigente. La protesta del transporte apunta directamente contra una ley municipal aprobada el 5 de marzo, que congela las tarifas del servicio público y las retrotrae a los valores vigentes en 2016. Los choferes consideran que la medida perjudica gravemente al sector debido al aumento de costos operativos y la crisis económica que atraviesa Bolivia.

Tancara aseguró, además, que el transporte se encuentra “en estado de emergencia” y responsabilizó por el conflicto a la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla, y al concejal Pierre Chaín, a quienes acusó de impulsar una normativa “inviable” para los trabajadores del sector. La medida mantiene en alerta a miles de usuarios paceños, que quedaron sin transporte para ir a trabajar o regresar a sus hogares. Protestas en la calle y un Gobierno que quiere negociar Rodrigo Paz Pereira tiene dos elementos en la mano: la ley modificada para los casos de conmoción interior y el Consejo para el diálogo con los sectores que motorizan las protestas.

En ese contexto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que el Gobierno evaluará la aplicación de un eventual estado de excepción “según la oportunidad y la necesidad”, en medio de los bloqueos y protestas que afectan al país desde hace casi un mes. Las declaraciones llegaron después de que el presidente Rodrigo Paz promulgara una ley que elimina la normativa que limitaba la declaración de estados de excepción en Bolivia. Según explicó Lupo, esta herramienta forma parte de los mecanismos contemplados por la Constitución y podrá ser utilizada si el Ejecutivo lo considera necesario.

La medida generó preocupación en sectores opositores, organizaciones civiles y dirigentes sociales, que advierten sobre una posible escalada represiva frente a las protestas y bloqueos que mantienen aisladas a ciudades como La Paz y El Alto. Al mismo tiempo, el Gobierno apuesta al diálogo con sectores duros, aunque no intransigentes. Busca que una comisión de negociación logre avances para garantizar la participación de dirigentes sociales y sindicales en una futura reunión con el Ejecutivo.

La comisión trabaja para definir garantías de seguridad y mecanismos de participación para los dirigentes movilizados, en un contexto marcado por la creciente presión política sobre el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, a solo seis meses de haber asumido. El Gobierno insiste en la necesidad de restablecer la circulación y frenar los bloqueos, mientras los sectores movilizados mantienen sus reclamos económicos y sociales. La propuesta de Paz Pereira es la misma: incorporar a miembros de los sectores sociales que protestan al gabinete nacional.

Aunque todavía no se define cómo se llevará adelante ese proceso ni cuáles serán las áreas alcanzadas por el cambio que planea el presidente. Mientras tanto, la falta de transporte ayuda a paralizar aún más la capital del país. Bolivia sigue lejos de encontrar una solución al conflicto que estalló hace más de un mes.