Bolivia detiene al fiscal general Roger Mariaca por presuntos vínculos con el narcotráfico: ABC del caso El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido en Santa Cruz, acusado por el Gobierno de presuntamente encabezar una organización criminal que operaba dentro del Ministerio Público para proteger actividades de narcotráfico. El arresto se produjo dos días después de que Estados Unidos le revocara el visado por supuestos sobornos y coincide con un acercamiento entre el país latinoamericano y Washington en materia de seguridad. Mariaca ha rechazado las acusaciones y denunciado motivaciones políticas.

Entretanto, la Fiscalía designó a Luis Montaño como responsable interino para garantizar la continuidad de la institución. Para mostrar este contenido de YouTube, debe autorizar las cookies de medición de audiencia y publicidad. Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video.

Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio. Una operación contra una presunta red dentro de la Fiscalía boliviana. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció este jueves 1 de octubre que las autoridades habían desmantelado una supuesta organización criminal infiltrada en el sistema judicial y en el Ministerio Público, presuntamente encabezada por el fiscal general del país, Roger Mariaca.

Según el funcionario, la red habría protegido, facilitado y obtenido beneficios del tráfico de sustancias controladas. En la operación fueron detenidas 14 personas, incluido el fiscal general, de acuerdo con las autoridades. Entre los arrestados figuran Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz; un fiscal superior; un mayor de la Policía y varios funcionarios de la Fiscalía.

Oviedo también informó sobre actuaciones policiales relacionadas con personas que habrían intentado retirar documentación de la residencia de Mariaca. El Gobierno atribuye al fiscal general presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. Estas acusaciones forman parte de una investigación en curso y no constituyen una declaración judicial de culpabilidad.

Leer también¿Escudo de las Américas o Escudo de Trump? El caso Sebastián Marset, en el centro de las acusaciones Uno de los principales antecedentes invocados por el Gobierno boliviano es el caso de Sebastián Marset, un presunto narcotraficante uruguayo capturado en Bolivia en marzo de 2026 y trasladado posteriormente a Estados Unidos, donde permanece detenido a la espera de juicio. Oviedo afirmó que Marset ya había sido detenido en Bolivia en 2023, cuando Mariaca ejercía como fiscal departamental de Santa Cruz, pero que entonces fue liberado en poco tiempo.

El ministro sostuvo que este episodio ejemplificaba el supuesto funcionamiento de la red investigada y aseguró que también se habrían devuelto bienes incautados al uruguayo. Para mostrar este contenido de X (Twitter), debe autorizar las cookies de medición de audiencia y publicidad. La operación se produjo después de que circularan un vídeo y grabaciones de audio atribuidos a Marset.

Según las autoridades, en ese material el presunto narcotraficante se refería a Mariaca como un amigo y afirmaba haber pagado 500.000 dólares para permanecer en Bolivia y continuar con sus operaciones. Sin embargo, la investigación está en curso: las autoridades deberán esclarecer la autenticidad de esas afirmaciones y si Mariaca recibió ese dinero. Leer tambiénBolivia alerta que los grupos criminales PCC y Comando Vermelho están reclutando a sus ciudadanos La revocación del visado estadounidense y la respuesta de Mariaca El pasado lunes 28 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación del visado de Mariaca, al que acusó de aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a eludir la Justicia.

La medida también afectó a otros funcionarios y exfuncionarios de Bolivia, Colombia y Perú señalados por Washington por presunta corrupción o vínculos con actividades ilícitas. Mariaca rechazó las acusaciones estadounidenses y calificó la decisión como una forma de injerencia política. Según sus declaraciones, las medidas podrían estar relacionadas con las repercusiones de algunas investigaciones supervisadas por el Ministerio Público, entre ellas actuaciones contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo.

Para mostrar este contenido de X (Twitter), debe autorizar las cookies de medición de audiencia y publicidad. La detención ha generado, además, cuestionamientos sobre el procedimiento empleado. Funcionarios de la Fiscalía denunciaron que Mariaca había sido aprehendido de forma ilegal y calificaron inicialmente el episodio de “secuestro”.

El fiscal antidrogas Miguel Gonzales también declaró a la agencia de noticias AP que la Policía había detenido al fiscal general sin una orden judicial. Las circunstancias jurídicas de la aprehensión y las acusaciones contra Mariaca deberán esclarecerse en el marco de los procedimientos correspondientes. Dinero incautado y nuevas líneas de investigación Las autoridades también informaron del hallazgo de una importante cantidad de dinero en efectivo durante las actuaciones relacionadas con la residencia de Mariaca en Santa Cruz.

AP reportó que los agentes encontraron 3,53 millones de bolivianos —unos 294.000 dólares al cambio — y otros 10.000 dólares en una ambulancia que salía del lugar. Oviedo sostuvo que el dinero procedería de presuntas extorsiones a personas que buscaban ayuda de fiscales. Esa procedencia constituye, por ahora, una acusación de las autoridades y deberá ser acreditada mediante la investigación.

El caso también comprende a otros miembros del Ministerio Público y a funcionarios cuya posible participación está bajo examen. Para mostrar este contenido de X (Twitter), debe autorizar las cookies de medición de audiencia y publicidad. Mariaca y Zeballos fueron trasladados a dependencias de la fuerza antidrogas en El Alto, cerca de La Paz.

Entretanto, varias sedes de la Fiscalía permanecieron bajo resguardo policial y funcionarios de la institución denunciaron intervenciones que consideraron ilegales. Luis Montaño asume la conducción interina de la Fiscalía La detención abrió una crisis institucional en el Ministerio Público boliviano. La Fiscalía declaró la “ausencia definitiva” de su máxima autoridad y designó a Luis Montaño, fiscal superior con mayor antigüedad, para asumir temporalmente la conducción de la institución.

Montaño explicó que el nombramiento busca evitar un vacío legal y garantizar que continúen las actividades procesales en los nueve departamentos del país. También anunció que se trasladaría a Sucre, sede del Órgano Judicial, para comenzar a ejercer sus funciones. La continuidad de la Fiscalía resulta especialmente relevante porque el organismo dirige investigaciones penales y ejerce la acción pública.

La evolución del caso de Mariaca pondrá a prueba tanto los mecanismos de rendición de cuentas dentro del sistema judicial como las garantías del debido proceso para los funcionarios investigados. Un caso que coincide con el acercamiento entre Bolivia y Estados Unidos El arresto se produce en un momento de cambio en las relaciones entre La Paz y Washington. El presidente boliviano, Rodrigo Paz, que asumió el cargo en noviembre de 2025, ha impulsado una mayor cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y ha reanudado la colaboración con la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA), expulsada de Bolivia en 2008 durante el Gobierno de Evo Morales.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, elogió las detenciones y las describió como acciones contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado transnacional. Washington ha presentado sus restricciones de visado como parte de una estrategia regional contra estas actividades. El contexto diplomático añade relevancia internacional al caso, pero no determina la veracidad de las acusaciones contra Mariaca.

La investigación boliviana deberá establecer si existió una estructura criminal dentro de la Fiscalía, cuál habría sido su alcance y qué responsabilidad individual corresponde a cada investigado. Hasta que esos extremos se acrediten, las imputaciones contra el fiscal general deben mantenerse diferenciadas de los hechos judicialmente probados. Con Reuters, AP y EFE