La dimisión del ministro de Defensa es el último síntoma de una crisis que combina protestas masivas, bloqueos de carreteras, escasez de productos básicos y una creciente presión sobre el presidente Rodrigo Paz. El ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, y la ministra de Educación, Beatriz García, presentaron el martes su dimisión en medio de la creciente crisis política y social que atraviesa el país, marcada por más de un mes de protestas que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz. Las dimisiones, confirmadas por una fuente gubernamental a la agencia AFP, suponen un duro revés para un Ejecutivo cada vez más presionado por el deterioro económico y el aumento de la conflictividad.

La salida de Salinas y García se produce apenas seis meses después de la llegada al poder de Paz, cuya elección fue recibida por muchos bolivianos como una oportunidad para superar la peor crisis económica que ha vivido el país en décadas. El mandatario centrista, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, logró inicialmente aliviar la escasez de combustible mediante nuevas importaciones y mejorar las relaciones internacionales de Bolivia tras años de tensiones diplomáticas. Sin embargo, ese optimismo inicial ha dado paso a una creciente incertidumbre política y económica.

Las protestas han ido ganando intensidad en las últimas semanas. Trabajadores, agricultores, mineros, transportistas y docentes reclaman medidas urgentes frente al encarecimiento del coste de la vida y denuncian que el Gobierno no ha respondido adecuadamente a las demandas de amplios sectores sociales. Según datos oficiales, actualmente se registran alrededor de un centenar de bloqueos de carreteras en todo el país, casi el doble que hace dos semanas.

Los cortes de carreteras han provocado graves problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible en ciudades como La Paz, El Alto y otros centros urbanos. Miles de camiones permanecen bloqueados en las principales rutas del país, mientras algunos hospitales han advertido de dificultades para acceder a suministros esenciales. La escasez también ha disparado el precio de productos básicos.

Diversos grupos que inicialmente respaldaron la candidatura de Paz acusan ahora al presidente de haberse alejado de sus promesas electorales. Entre las principales críticas figuran los acuerdos alcanzados con partidos conservadores, la eliminación de subsidios a los combustibles, que provocó una fuerte subida de precios, y la escasa representación de las comunidades indígenas en los puestos de responsabilidad del Gobierno. Ante el empeoramiento de la situación, Paz, que llegó a la presidencia en noviembre de 2025, ha advertido de que Bolivia se encuentra en un "punto de ruptura".

El mandatario no ha descartado declarar el estado de emergencia, una medida que permitiría una mayor intervención de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden público. Aunque hasta ahora ha insistido en la necesidad del diálogo, la presión para adoptar medidas más contundentes aumenta tanto dentro como fuera de su Gobierno. Las fuerzas de seguridad han recurrido a gases lacrimógenos para dispersar algunas protestas y más de un centenar de personas han sido detenidas durante las movilizaciones.

Sin embargo, el Ejecutivo ha evitado por el momento una intervención militar a gran escala por temor a que una escalada represiva agrave aún más la crisis. La influencia del expresidente Evo Morales Aunque las autoridades acusan a algunos manifestantes de intentar alterar el orden democrático, también han señalado al expresidente Evo Morales como una de las figuras que estaría alentando las protestas. Morales, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, permanece oculto mientras afronta una causa judicial por presunta trata de una menor con la que supuestamente tuvo un hijo.

En declaraciones recientes a AFP, el exmandatario sostuvo que el malestar social responde al rechazo de una parte de la población a las políticas económicas del actual Ejecutivo y acusó a Paz de mantener una posición excesivamente cercana a Washington. Además, reclamó la convocatoria de elecciones anticipadas y advirtió de que el país se enfrenta a la disyuntiva entre una mayor militarización o una salida electoral a la crisis. Algunos sindicatos y organizaciones indígenas que participan en las movilizaciones mantienen vínculos con Morales, aunque el expresidente niega las acusaciones del Gobierno de estar financiando las protestas.

Las autoridades, por su parte, sostienen que algunos de sus seguidores se han incorporado recientemente a los bloqueos para intensificar la presión sobre el Ejecutivo. Paz intenta contener la crisis con una rebaja de sueldo En un intento por rebajar la tensión, Paz anunció recientemente que reducirá a la mitad su salario como gesto de solidaridad con los sectores más afectados por la crisis. También prometió una mayor participación de organizaciones indígenas y sindicatos en la elaboración de políticas públicas, incrementó el salario mínimo, aprobó ayudas para familias vulnerables y destituyó a su ministro de Trabajo, una de las figuras más cuestionadas de su Gabinete.

Sin embargo, ninguna de estas medidas ha logrado frenar las protestas ni reducir la presión sobre el Gobierno. La crisis ha provocado además una fuerte polarización internacional. Varios gobiernos latinoamericanos próximos a Washington han expresado su respaldo a Paz y han condenado las protestas, mientras otros dirigentes de izquierdas de la región han mostrado comprensión hacia las reivindicaciones de los manifestantes.

Estados Unidos ha defendido al Ejecutivo boliviano y ha calificado las movilizaciones de intento de desestabilización contra un Gobierno democráticamente elegido. ¿Un referéndum para salir de la crisis? En medio del bloqueo político y social, algunos sectores de la oposición han comenzado a plantear una alternativa que hasta hace unas semanas parecía improbable: adelantar un referéndum revocatorio para decidir la continuidad de Rodrigo Paz en la Presidencia.

La propuesta ha cobrado fuerza a medida que se prolongan las protestas y los cortes de carreteras que mantienen aisladas a La Paz y El Alto, mientras crecen las dudas sobre la capacidad del Gobierno para recuperar la normalidad. La iniciativa, impulsada por dirigentes opositores y respaldada por algunos analistas como una posible vía institucional para resolver el conflicto, contempla una consulta popular en los próximos meses para que los bolivianos decidan si Paz debe continuar en el cargo. De momento, el Gobierno insiste en que la prioridad sigue siendo el diálogo y rechaza cualquier escenario de dimisión.