La concejala de Bogotá, Heidy Sánchez, denunció públicamente el proyecto que prepara la administración del alcalde Carlos Fernando Galán para intervenir el espacio público ocupado por vendedores informales, advirtiendo que la iniciativa podría poner en riesgo los derechos y el sustento de miles de personas en la capital. La alerta fue difundida a través de la red social X, donde la cabildante expuso los aspectos más críticos del borrador de decreto que presentaría el Gobierno distrital. Según Sánchez, el proyecto plantea la “organización, recuperación y preservación del espacio público” y busca regular la actividad de los vendedores informales, pero lo hace —afirmó— a través de mecanismos de control excesivo y sin concertación real con los sectores afectados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel La concejala consideró que la medida profundiza las dinámicas de segregación social en Bogotá, al tiempo que calificó de “fracaso” la política de seguridad vigente. “El Gobierno distrital insiste en perseguir a quienes sobreviven en la economía popular, imponiendo control y reduciendo el uso del espacio público, lo que pone en riesgo derechos y el sustento de miles de personas”, señaló Sánchez. Falta de participación y exclusión en el proceso Uno de los ejes de la denuncia se centra en la ausencia de socialización y consulta con los órganos de representación de los vendedores informales. Sánchez criticó que el proyecto fue construido “sin socialización real ni consulta a los órganos de participación del sector”, como los consejos locales y el Consejo Distrital de Vendedores, lo que, en su opinión, revela un enfoque excluyente.

La cabildante contrastó esta situación con el trato que la administración otorga a grandes constructores, a quienes sí involucra en procesos de concertación, como lo demostró el reciente freno a la expedición de los lineamientos ambientales. En lo referente al “ámbito de aplicación” del proyecto, Sánchez destacó la preocupación por la inclusión de la zona rural, donde la presencia institucional es limitada. Consideró que imponer nuevas restricciones en territorios históricamente desatendidos podría profundizar la exclusión social y territorial de quienes dependen del comercio informal para subsistir.

El borrador del decreto también introduce la figura del “estudio de cargas” para determinar el número de personas autorizadas a ejercer la venta informal en el espacio público. No obstante, la concejala advirtió que el texto no aclara el destino de quienes actualmente ocupan más espacio del autorizado, abriendo la puerta a la exclusión y desplazamiento de vendedores sin garantías. Según Sánchez, la falta de claridad podría traducirse en mayor conflictividad y en la improvisación de las medidas implementadas.

Creación de Zonas de Manejo Especial y nuevas restricciones Otro punto de alerta es la propuesta de crear Zonas de Manejo Especial bajo la competencia de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en la que se prohibiría la venta informal por razones de seguridad. Sánchez cuestionó la exclusión de instancias participativas y del Ministerio Público en estas zonas, así como la concentración de nuevas responsabilidades en una entidad que, según la cabildante, no ha logrado responder a la crisis de seguridad ni cumplir sus compromisos en el Plan Distrital de Desarrollo. La denuncia también señala que, a pesar de la información disponible por el Instituto para la Economía Social (Ipes) sobre el sector, se imponen múltiples barreras administrativas —permisos, delimitaciones y exigencias técnicas— difíciles de cumplir para los vendedores, sin acompañamiento institucional suficiente.

Estas medidas, sostuvo Sánchez, limitan el ejercicio de las actividades informales y aumentan la presión sobre una población vulnerable. El proyecto incluye la figura de “zonas objeto de aprovechamiento económico” para vendedores informales, lo que, según la concejala, incrementaría la persecución y desplazamiento hacia áreas periféricas de menor rentabilidad. Este cambio podría derivar en una posible privatización del espacio público recuperado, beneficiando a quienes cuenten con mayor capacidad económica para acceder a esos espacios.

Riesgos de precarización y vulneración de derechos La concejala subrayó que las nuevas cargas sanitarias, técnicas y de uso del suelo impuestas por el proyecto carecen de medidas equivalentes de apoyo institucional. Si bien algunas exigencias pueden tener justificación legal, Sánchez considera que resultan descontextualizadas frente a la realidad socioeconómica del comercio informal en Bogotá. En su opinión, antes de expedir cualquier acto administrativo de este tipo, se requieren compromisos reales para un ordenamiento progresivo e incluyente del espacio público.

Sánchez advirtió que la propuesta desconoce el principio de confianza legítima desarrollado por la Corte Constitucional, lo que podría dar lugar a la vulneración de derechos fundamentales de los vendedores informales. Según la cabildante, el gobierno distrital refuerza una narrativa de estigmatización y no reconoce la economía popular como una forma legítima de subsistencia. Además, denunció la omisión de etapas administrativas previas a posibles desalojos y procesos policiales, contrarias a los estándares constitucionales.