El presidente Javier Milei y la Casa Rosada activaron en el Senado el debate por una nueva Ley de Biocombustibles, una iniciativa que persigue un doble objetivo: contribuir a moderar la presión sobre el precio de las naftas en un contexto de incertidumbre internacional por el conflicto en Medio Oriente y, al mismo tiempo, responder a un reclamo histórico de gobernadores y aliados provinciales vinculados a la producción agroindustrial. El proyecto, presentado el pasado 14 de mayo por la senadora Patricia Bullrich, propone elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, mientras que en el caso del biodiésel aumenta la mezcla obligatoria en el gasoil hasta el 10%. Sin embargo, las principales dudas aparecen en torno al capítulo de biodiésel.

Las empresas pymes no integradas advierten que podrían verse perjudicadas por el esquema de mayor apertura y liberalización que impulsa la iniciativa. Actualmente existen unas 25 pymes productoras de biocombustibles en el país, concentradas principalmente en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Petroleras y refinadoras, entre los beneficiados A diferencia de debates anteriores, en los que los proyectos de biocombustibles generaban fuertes resistencias por parte del sector hidrocarburífero, esta vez las principales empresas refinadoras observan la iniciativa con buenos ojos.

Según pudo averiguar PERFIL, la definición amplia y flexible de "biocombustibles" incluida en los fundamentos del proyecto abre la puerta para que las propias compañías petroleras puedan desarrollar tecnologías y procesos que les permitan participar del negocio de los combustibles renovables. En otras palabras, además de incrementar la demanda de bioetanol y biodiésel, el texto permitiría que las refinadoras encuentren nuevas oportunidades de negocio dentro de la transición energética, motivo por el cual el sector habría dado su visto bueno al inicio del debate parlamentario. El aval político de Milei Un dato político relevante es que el proyecto fue conversado previamente en la Casa Rosada.

Fuentes consultadas señalaron que fue la propia Bullrich quien solicitó autorización para firmar y presentar la iniciativa, una decisión que finalmente contó con el aval del presidente Milei. De esta manera, el oficialismo comenzará a discutir una reforma que promete generar impacto en toda la cadena agroindustrial y energética.Las comisiones encargadas del tratamiento serán las de Minería, Energía y Combustibles, presidida por el senador catamarqueño Flavio Fama, y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Agustín Monteverde. Como parte de los acuerdos internos del oficialismo, trascendió que Flavia Royón (Salta) ocupará la vicepresidencia primera de la comisión de Energía, mientras que Pablo Cervi (Neuquén) será designado secretario.

División en el peronismo Hasta la semana pasada, el proyecto no figuraba entre las prioridades del peronismo, que ahora enfrenta una discusión interna con intereses provinciales contrapuestos. Por un lado, las provincias del norte vinculadas a la producción de caña de azúcar observan con interés la ampliación del mercado para el bioetanol. Por otro, provincias del centro como La Pampa, San Luis, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe analizan el impacto que la reforma podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel.

La discusión podría reabrir diferencias dentro de Unión por la Patria, históricamente atravesada por intereses regionales divergentes en materia energética y agroindustrial. Carbio celebra, las pymes alertan sobre concentración La iniciativa fue recibida con entusiasmo por la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que agrupa a las grandes empresas exportadoras del sector. La entidad recordó que la industria sufrió un duro golpe cuando Estados Unidos cerró su mercado al biodiésel argentino en 2017, durante la administración de Donald Trump, mediante la aplicación de aranceles antidumping y compensatorios.

A ello se suman las crecientes restricciones ambientales impulsadas por la Unión Europea, que amenazan el futuro de las exportaciones vinculadas a la soja. "El nuevo proyecto nos llevará a un esquema de competencia que premia la inversión y la eficiencia", sostuvo Carbio en un comunicado, donde además calificó de "absurdo" al esquema vigente por beneficiar a un grupo reducido de empresas. En la vereda opuesta, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) denunció que el proyecto favorece una mayor concentración del mercado y señaló como potenciales beneficiarias a compañías como Cargill, Bunge, AGD y Molinos Agro. Tecnología Flex y el "quinto surtidor" La iniciativa también incorpora herramientas orientadas a ampliar el uso de combustibles renovables.

Entre ellas se destaca la denominada tecnología Flex, que permite que los motores puedan operar con combustibles que contienen porcentajes más elevados de bioetanol. Asimismo, se habilita el denominado "quinto surtidor", una alternativa opcional para los consumidores que ofrecería combustibles con una participación mucho mayor de biocombustibles que la actualmente obligatoria. PV/fl