El Concejo Deliberante de Bariloche aprobó por mayoría modificar las velocidades máximas en calles y avenidas del ejido municipal con la premisa de ir hacia una “movilidad segura” en la ciudad. A partir de la entrada en vigencia de la ordenanza sancionada el jueves, la velocidad máxima en calles de Bariloche será de 30 km/h y en las avenidas será de 50 km/h; mientras que se incorpora que en las “encrucijadas urbanas sin semáforo” la “velocidad precautoria” indica que nunca debe ser superior a 20 km/h. La ordenanza solo determina la reducción de la velocidad que hoy es de 40 km/h para las calles y 60 km/h para las avenidas, pero luego el control y la señalización estarán a cargo del Ejecutivo.

El proyecto surgió de la concejal Laura Totonelli (JSRN) y tuvo ocho votos a favor y dos en contra, con la ausencia de un edil. La iniciativa cosechó el apoyo del bloque oficialista PUL, Incluyendo Bariloche y Cambia Río Negro, mientras que rechazaron la propuesta Primero Río Negro y Nos Une. La ordenanza modifica la adhesión a la ley nacional de tránsito 24.449 en el punto específico de las velocidades dentro del ejido municipal. “Cuatro de cada diez muertes viales en nuestra ciudad están directamente relacionadas por el exceso de velocidad”, señaló Totonelli al defender el proyecto y remarcó que según datos de la Agencia de Seguridad Vial, cada año en promedio se pierden seis vidas en Bariloche por siniestros viales.

La concejal remarcó que se trata de una “ordenanza de tipo general, no pretendemos reglamentar cada esquina de forma aislada, sino generar un marco amplio de aplicación”, afirmó y mencionó que se asimila a los estándares marcados en Madrid, Bogotá y Esquel. Totonelli destacó que con la reducción de la velocidad se otorga mayor tiempo de reacción a los automovilistas y “protege a quienes cumplen las reglas y también a quienes no la cumplen”. Valoró que según estadísticas oficiales un peatón atropellado a una velocidad de 30 km/h tiene un 90% de probabilidad de sobrevivir.

Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) rechazó la ordenanza al fundamentar que la situación vial “se soluciona aumentando los controles”, además de que aludió a una cuestión recaudatoria. Señaló que “seguir sobre regulando no genera una mejora en la ciudad, sino que le complica más la vida a los vecinos que están dentro de la ley. También rechazó la norma Roxana Ferreyra (Nos Une) quien justificó su voto en contra con la “falta de presencia del Estado” porque a su entender la señalización existente no se cumple y tampoco se controla.

Alentó a que se realicen más campañas de seguridad vial. Entre los apoyos, Julieta Wallace (Incluyendo) admitió que “si hay deficiencias en los controles tendremos que hacer gestiones” apuntando a una falla en el Ejecutivo que debe aplicar las normativas y sumó su respaldo a la “cuestión preventiva” sobretodo que “ayuda a la velocidad en las calles internas de los barrios”.