El oficialismo dio un paso fundamental este miércoles en la Cámara de Diputados al obtener el dictamen de mayoría para el proyecto de ley que busca redefinir el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría. La Libertad Avanza y bloques aliados consiguieron las firmas necesarias en Diputados para restringir el beneficio tarifario. El proyecto busca limitar los subsidios a la Patagonia y sectores vulnerables, con el objetivo de llevar la discusión al recinto el próximo 20 de mayo.

El oficialismo dio un paso fundamental este miércoles en la Cámara de Diputados al obtener el dictamen de mayoría para el proyecto de ley que busca redefinir el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría. En un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, la iniciativa de La Libertad Avanza (LLA) cosechó 46 firmas de los legisladores presentes, contando con el respaldo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales aliadas. El libertario mendocino Facundo Correa Llano presidió el plenario junto con la secretaria de Energía, María Tettamanti.

Aunque hubo apoyos de legisladores aliados al oficialismo, la sanjuanina Nancy Picón, la tucumana Elia Fernández y los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri firmaron en disidencia. El núcleo de la propuesta gubernamental es limitar el beneficio a las regiones históricamente incluidas en el régimen: la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna. De sancionarse la ley, quedarían excluidas las provincias y localidades incorporadas mediante la ampliación aprobada en 2021, que incluía zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Salta, entre otras.

Para los usuarios que pierden la cobertura geográfica general, el beneficio solo se mantendrá si están registrados en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este padrón está destinado a hogares con ingresos que no superen las tres canastas básicas totales, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados con ingresos bajos y veteranos de guerra. La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió la iniciativa ante los diputados argumentando que la ampliación de 2021 "desnaturalizó el carácter focalizado del sistema", llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares.

Según la funcionaria, los recursos del Fondo Fiduciario son escasos y deben destinarse exclusivamente a quienes más los necesitan por razones climáticas o socioeconómicas. Tettamanti subrayó que "todo aquel que puede pagar la energía la tiene que pagar lo que cuesta" para garantizar la inversión y el suministro futuro. Además, el proyecto faculta al Ministerio de Economía a elevar el recargo que financia el fondo (actualmente del 7,5%) hasta un 11,25% si fuera necesario.

Desde el bloque de Unión por la Patria (UP) y otros sectores de la oposición, el proyecto recibió duras críticas. El jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, calificó el apuro por dictaminar como "un despropósito" y recordó que la ley vigente fue votada en su momento por una amplia mayoría de 190 diputados. Legisladores de provincias patagónicas también expresaron su desconfianza.

El diputado neuquino Pablo Todero cuestionó si el recorte eventualmente alcanzará a su región y qué sucederá con los fondos provenientes de las exportadoras de gas. Por su parte, la diputada Ana María Ianni señaló que el proyecto no refleja una política federal de Estado y que impactará negativamente en el bolsillo de los ciudadanos. Más allá del gas, la iniciativa incluye un capítulo para regularizar deudas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Se propone un mecanismo de compensación donde las distribuidoras eléctricas puedan cancelar deudas con CAMMESA a cambio de renunciar a reclamos judiciales contra el Estado por el congelamiento de tarifas de años anteriores. Con el dictamen ya emitido, el oficialismo apunta a debatir el proyecto en el recinto el próximo miércoles 20 de mayo, en una sesión donde también se espera tratar la denominada "Ley Hojarasca".