Aunque Manuel Adorni lo negó, aparecieron registros de transferencias mensuales a la productora de Marcelo Grandio
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete suma una nueva arista: documentos de Radio y Televisión Argentina contradicen las declaraciones del funcionario ante el Congreso.
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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete suma una nueva arista: documentos de Radio y Televisión Argentina contradicen las declaraciones del funcionario ante el Congreso.
- Mientras Manuel Adorni intentaba cerrar uno de los capítulos de su escándalo ante el Congreso, los nuevos registros que aparecieron demuestran lo contrario
- El jefe de Gabinete había afirmado que la TV Pública "no asumió pagos a IMHOUSE S.A."
- Sin embargo, una investigación periodística encontró transferencias realizadas por Radio y Televisión Argentina (RTA), a través de la Gerencia de Administración y Finanzas del medio estatal...
- La empresa en cuestión pertenece al periodista y empresario Marcelo Grandio —descripto públicamente por él mismo como "colega y amigo eterno" de Adorni— y habría cobrado $3.012.900 por la emisión del programa Enredados...
Mientras Manuel Adorni intentaba cerrar uno de los capítulos de su escándalo ante el Congreso, los nuevos registros que aparecieron demuestran lo contrario. El jefe de Gabinete había afirmado que la TV Pública "no asumió pagos a IMHOUSE S.A.". Sin embargo, una investigación periodística encontró transferencias realizadas por Radio y Televisión Argentina (RTA), a través de la Gerencia de Administración y Finanzas del medio estatal, a favor de esa misma productora desde octubre de 2025.
La empresa en cuestión pertenece al periodista y empresario Marcelo Grandio —descripto públicamente por él mismo como "colega y amigo eterno" de Adorni— y habría cobrado $3.012.900 por la emisión del programa Enredados, que el propio Grandio conduce a través del streaming de la TV Pública desde septiembre del año pasado. Quiénes firmaron los contratos y qué dicen desde Casa Rosada De acuerdo a la investigación de La Nación, el vínculo contractual entre IMHOUSE y la televisión pública quedó plasmado en un documento rubricado por Carlos María Curci González, interventor de Medios Públicos, y Horacio Silva, representante de la productora. Este último nombre no es menor: Silva es también conocido por haber abonado el regreso en avión privado que compartieron Adorni y Grandio desde Punta del Este, un episodio que ya había generado cuestionamientos previos.
Al momento de trascender los datos, existen al menos seis contratos formalizados entre IMHOUSE S.A. y RTA. Desde la Casa Rosada explicaron el mecanismo: RTA e IMHOUSE habrían celebrado un "contrato de coproducción" en el que los ingresos provenientes de la venta de publicidad cubrirían los costos presupuestados por la productora. Mensualmente, la empresa enviaría al canal las órdenes de publicidad a emitir y, una vez verificada su transmisión, el canal facturaba a la productora según las tarifas acordadas.
Si la publicidad no alcanzara a cubrir los costos, la productora debería emitir una factura equivalente a RTA, generando una "compensación de facturas" que, según el Ejecutivo, dejaría las cuentas "neteadas sin erogaciones que realizar". Para formalizar ese circuito, RTA emite un documento interno llamado "orden de pago", en el que se identifican la factura compensada, el programa y el número de expediente. "De allí, que en las órdenes de pago puede leerse el concepto de 'compensación' en su descripción", concluyeron fuentes oficiales. Una amistad que ahora es objeto de la Justicia La relación entre Adorni y Grandio no es nueva.
Ambos compartieron trabajo en Gritalo!, un programa emitido por Canal Metro, producido por IMHOUSE S.A., donde analizaban la actualidad política y económica del país y entrevistaban a figuras públicas. Fue allí donde forjaron el vínculo que hoy está en el centro de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, con derivaciones en posibles conflictos de interés y tráfico de influencias. La Justicia ya ordenó peritar las comunicaciones entre ambos para establecer si el funcionario intervino directamente en la gestión de los contratos que beneficiaron a la empresa de su amigo.
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