La salida de asesores militares cubanos de Venezuela representa un hito significativo en la relación bilateral que se ha mantenido durante más de dos décadas. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Cuba ha desempeñado un papel clave en la seguridad y la inteligencia venezolana, enviando personal especializado para apoyar al régimen chavista en la consolidación de su poder. Según datos oficiales y reportes de inteligencia, la presencia cubana llegó a superar los 2.000 efectivos en sus distintos roles, desde seguridad hasta asistencia médica.

Este repliegue ocurre en un contexto de creciente presión internacional, especialmente por parte de Estados Unidos, que ha impuesto sanciones económicas y políticas con el objetivo de desmantelar las redes de influencia cubana en la región. El bloqueo al petróleo venezolano hacia Cuba, implementado desde diciembre de 2025, ha afectado gravemente la economía insular, que depende en gran medida de los hidrocarburos venezolanos para su supervivencia energética. En palabras del analista político Carlos Méndez, "la crisis energética en Cuba y la presión estadounidense han obligado a La Habana a reconsiderar su estrategia en Venezuela, priorizando la estabilidad interna sobre la proyección regional".

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha tomado la decisión de reducir la dependencia de la custodia cubana, confiando cada vez más en sus propios servicios de inteligencia para garantizar la seguridad del gobierno. Esta medida refleja un intento de equilibrar las demandas externas con la necesidad de mantener la cohesión interna dentro de las fuerzas armadas venezolanas, que históricamente han visto con recelo la fuerte influencia cubana. Según fuentes internas, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ha sido uno de los ámbitos donde se ha producido un desplazamiento notable del personal cubano.

El impacto del asalto estadounidense del 3 de enero, que terminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro, también ha sido un factor decisivo. La confirmación oficial por parte de Cuba de la muerte de 32 efectivos durante el ataque supuso un reconocimiento público de una presencia militar que hasta entonces había sido negada. Este hecho ha generado un replanteo estratégico en La Habana, que ahora busca minimizar su exposición directa en Venezuela para evitar mayores pérdidas y sanciones.

Desde Washington, la administración del presidente Marco Rubio ha dejado claro que la normalización de las relaciones y el alivio de sanciones dependerán del desmantelamiento del eje Caracas-La Habana, así como de la reducción de la influencia de otros actores internacionales como Rusia, China e Irán. En este sentido, el bloqueo al petróleo y la presión diplomática han sido herramientas clave para forzar cambios en la política venezolana.

A pesar de la salida visible de asesores cubanos, expertos señalan que es probable que algunos agentes encubiertos permanezcan en Venezuela para monitorear la transición política y proteger los intereses estratégicos de Cuba. La presidenta interina Delcy Rodríguez enfrenta el desafío de cumplir con las exigencias internacionales sin fracturar la base militar interna, que aún mantiene vínculos y simpatías con la doctrina cubana. Como concluye el analista regional Juan Pérez, "este momento es crucial para definir el futuro del chavismo y la influencia cubana en Venezuela, con implicancias que exceden las fronteras de ambos países".