Ahora, las empresas o personas extranjeras que deseen comprar tierras en Argentina podrán hacerlo. Este martes, la Corte Suprema argentina, integrada por los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, eliminó las restricciones que impedían este tipo de transacciones comerciales, en una decisión que reaviva uno de los debates más polémicos y controvertidos de la región. En 2011, Argentina aprobó la Ley de Tierras Rurales, que estableció que las personas y empresas extranjeras no podían ser propietarias de más del 15% de las tierras rurales del país, con límites adicionales a nivel provincial y municipal.

En 2023, el entonces, y aún, presidente Javier Milei impulsó la eliminación de estas restricciones. Sin embargo, en marzo de 2024, los tribunales rechazaron la modificación tras una demanda presentada por un centro de excombatientes de la Guerra de Malvinas. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto esa decisión al considerar que la organización que presentó el reclamo no estaba legitimada para hacerlo.

Tras la decisión del máximo tribunal argentino, el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) expresó su rechazo al fallo que había obtenido en 2024. “La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta”, señaló la organización en un comunicado titulado: “La Corte decretó que la soberanía no es un bien jurídico y puso a la Argentina en venta”. Desde el CECIM señalaron que, mediante un fallo breve, la Corte resolvió el conflicto político en el que se había visto involucrado el gobierno de Milei.

Según expresaron, mientras el pueblo reclamaba bajo la consigna “La patria no se vende”, el tribunal consideró que no existe un bien jurídico de soberanía y rechazó la demanda presentada para impedir la derogación de la Ley de Tierras, una medida que el presidente había impulsado poco después de asumir mediante el Decreto 70/23. Y añadieron: “No exploró el planteo jurídico. Dijo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no estaba legitimada.

Dijo, con claridad, que este grupo de ex soldados conscriptos, combatientes de Malvinas, no podemos acudir a la Justicia en defensa de la soberanía”. En su comunicado, los excombatientes concluyeron: “Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un tribunal”. También cuestionaron el fallo al señalar: “No solo se pelea con el derecho.

Lo hace con la humanidad, con la razonabilidad. Esta Corte es indigna, por la temeridad y violencia con la que, sistemáticamente, violenta al pueblo argentino, a su territorio y a su capacidad de decidir”. Además, sectores de la oposición ya trabajan para revertir la nueva norma. “Argentina no está en venta”, expresó el diputado socialista Esteban Paulón.

Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó el fallo de la Corte Suprema y sostuvo que la decisión fue tomada “de espaldas al pueblo argentino y a los héroes de Malvinas”. Gil Domínguez también advirtió que “cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran — incluida las zonas de frontera — sin límite alguno”. Con el pronunciamiento “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional”, el fallo aclara que esta decisión no determina si esa parte del decreto es constitucional o no.

Sin embargo, según especialistas, la decisión sí permite que esa disposición se aplique en la práctica mientras se resuelve su validez constitucional. El Gobierno también impulsó cambios en la regulación sobre la compra de tierras por parte de extranjeros. En 2026, buscó llevar la discusión al Congreso, bajo el argumento de que mantener las restricciones podría frenar el comercio y las inversiones en el país.

La iniciativa contemplaba modificaciones a las normas que regulan los proyectos privados y la propiedad de tierras rurales. Sin embargo, el Gobierno terminó retirando el decreto ante la oposición surgida dentro de sus propias filas y las críticas de distintos sectores de la sociedad civil. Entre los cambios propuestos estaba aumentar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podían quedar en manos de extranjeros.

La iniciativa, sin embargo, no logró avanzar. Por ahora, más de 13,3 millones de hectáreas de tierras rurales argentinas están en manos de extranjeros, una superficie comparable a la extensión territorial de Grecia y equivalente a aproximadamente una cuarta parte de España, según datos del Observatorio de Tierras.