La Cámara Federal de Casación Penal decidió este lunes de manera unánime archivar la causa judicial que investigaba el préstamo contraído por el Gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional en 2018. Los jueces aceptaron la decisión del fiscal general Raúl Omar Pleé, de retirar la apelación que sostenía la Fiscalía. En febrero de este año, María Eugenia Capuchetti, del Juzgado Federal N° 5, había tomado similar decisión al determinar que la negociación de la deuda constituyó una decisión de política económica que no configuró un delito penal.

Pero ese fallo había sido el apelado, ahora resuelto en la instancia superior. La investigación penal buscaba determinar si altos funcionarios del macrismo, incluido el expresidente, habían cometido delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad o malversación de caudales públicos en el marco del préstamo de 57.100 millones de dólares que recibió su gestión del FMI. Además de Macri, también estaban apuntados Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda; los actuales ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y Guido Sandleris.

Los tres habían ocupado el puesto de presidentes sucesivos del Banco Central. También se mencionaba a Gustavo Cañonero, Verónica Rappoport, Enrique Szewach y Mauro Alessandro, miembros del Comité de Política Monetaria del BCRA, durante esos años. El fallo fue de la Sala IV de Casación, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Los camaristas votaron en acuerdo para aceptar el retiro de la apelación por parte del fiscal Pleé. Para determinar el cierre definitivo de la causa, los jueces citaron las conclusiones del dictamen del fiscal, al señalar que "no se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta, de modo que lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado". En ese sentido, ratificaron que los tribunales previos "han hecho una adecuada aplicación de la doctrina de las cuestiones políticas que escapan al control judicial".

Además, en el mismo fallo se resolvió rechazar el recurso de Antonio Conrado De Martino, un ciudadano particular que se presentó por su cuenta como contribuyente, para que la investigación siguiera firme. La Cámara decidió "no hacer lugar a la queja" presentada al no considerar al denunciante un potencial perjudicado directo de los hechos investigados. La investigación se había iniciado en 2018 por una denuncia de los dirigentes kirchneristas Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo que sostenía que el acuerdo Stand-By suscripto con el FMI por 50.000 millones de dólares y ampliado a 57.100 millones se había tomado de forma irregular "sin pasar por el Congreso Nacional", incumpliendo la ley de Administración Financiera.

En 2021, la Oficina Anticorrupción de la gestión de Alberto Fernández también presentó otra acusación sobre el tema que se unificó en el expediente ahora cerrado de forma definitiva. DS Sobre la firma Tags relacionados