Dada la ventana de oportunidad que se abre para una eventual transición democrática en Venezuela y ante la demanda de elecciones generales para renovar todos los niveles de gobierno, es oportuno hacer un diagnóstico de las condiciones actuales del sistema electoral para identificar los cambios necesarios que garanticen elecciones libres, transparentes y democráticas. Para la organización de las elecciones y referendos, el Poder Electoral, cuyo ente rector es el Consejo Nacional Electoral (CNE), automatizó el sistema de votación en 2004, incluyendo no solo la emisión del voto sino los actos de escrutinio y totalización. Sin embargo, la arquitectura del sistema electoral venezolano presenta una profunda paradoja técnica e institucional: cuenta con una plataforma tecnológica que fue calificada como una de las más avanzadas del mundo por su trazabilidad y seguridad, pero que opera dentro de un entorno institucional de desconfianza sistémica y falta de independencia. La mayor fortaleza del proceso venezolano es su sistema de votación automatizado, que integra máquinas con pantalla táctil y un registro de auditoría en papel: las actas de escrutinio y el comprobante del voto impresos. Asimismo, incorpora el Sistema de Autenticación Integrado (SAI), que permite la identificación biométrica, con la finalidad de prevenir el sufragio múltiple, asegurando el principio de “una persona, un voto”. Las garantías de este sistema automatizado permitieron a la oposición democrática articulada alrededor de la candidatura de Edmundo González Urrutia demostrar el fraude masivo registrado el 28 de julio de 2024. Aunque el CNE anunció resultados falsos desconociendo la victoria de González Urrutia, la oposición resguardó un gran porcentaje de las actas de escrutinio emitidas por las máquinas de votación, y las digitalizó, procesó y publicó en apenas horas, dejando al descubierto el fraude. Sin embargo, estas fortalezas no son suficientes en un contexto de cooptación del Poder Electoral. Para impulsar una elección democrática deben mitigarse los riesgos críticos que han erosionado la integridad del sufragio en la última década. Algunos de ellos son: Sanciones administrativas para inhabilitar a candidatos. El riesgo predominante es la inseguridad jurídica. Registro Electoral (RE) y exclusión de la diáspora. Aunque el Registro Electoral debería ser de carácter continuo, durante los últimos años se obstaculizó el registro y la actualización de los datos de los electores. Se estima un subrregistro de entre dos y tres millones de jóvenes, aunque la exclusión más grave afecta a la diáspora: de los casi 8 millones de venezolanos en el exterior, solo 69 mil están habilitados para votar debido a requisitos de residencia legal excesivos y no contemplados en la Constitución. Equidad en la contienda. El uso sistemático de recursos del Estado, la hegemonía de medios públicos y la aplicación de leyes restrictivas (como la “Ley contra el Odio” y la “Ley Simón Bolívar”) generan una asimetría determinante que silencia a la oposición. Irregularidades durante la jornada electoral. La presencia del Plan República genera un entorno militarizado que, en ocasiones, deriva en la restricción del acceso a testigos y observadores. Además, se han documentado prácticas de coacción social, abuso del voto asistido y compra de votos mediante beneficios económicos. Cualquier convocatoria electoral que pretenda verdaderamente conducir a una transición democrática debe estar precedida por las siguientes reformas, categorizadas por su urgencia y profundidad: Restablecimiento de la independencia del CNE y del Poder Judicial. Garantías plenas de transparencia y verificabilidad. Reforma integral del Registro Electoral y voto en el exterior. Eliminación de inhabilitaciones y restauración de libertades. Observación internacional independiente. La integridad electoral es un concepto integral que requiere autoridades electorales independientes, profesionales y técnicas, un registro electoral inclusivo y un entorno de libertad política. Sin estas reformas estructurales previas, cualquier proceso comicial carecería de la legitimidad necesaria para estabilizar al país. *Extracto de Latinoamérica21.