En el medio de un marcado deterioro de la actividad industrial, el sector empresario bonaerense comienza a delinear una estrategia en dos frentes con dos objetivos: mejorar la competitividad en un escenario recesivo para la Provincia de Buenos Aires y aliviar la carga impositiva. Las iniciativas en discusión apuntan, por un lado, a la eliminación de Ingresos Brutos para la producción fabril y, por otro, a la judicialización de tasas municipales. La caída del nivel de actividad industrial ya se refleja con fuerza en el distrito gobernado por Axel Kicillof.

La baja del consumo, la pérdida de empleo y el cierre de empresas empiezan a tensionar no solo el entramado productivo, sino también la recaudación provincial. A su vez, la apertura comercial genera un beneficio en los Excel de las industrias, a costa del entramado local. “Estamos en un momento de canibalización de mercado. Sabemos que importar perjudica a nuestra propia cadena productiva, pero muchas veces es la mejor opción”, sintetizó un dirigente industrial de peso en la provincia.

La frase expone una tensión central asociada a la apertura comercial con baja competitividad: mientras las empresas buscan reducir costos para sostenerse, la llegada de importaciones genera incentivos que afectan a la producción local. El desafiante contexto económico de la Provincia de Buenos Aires Ese diagnóstico se apoya en un contexto cada vez más adverso. Desde noviembre de 2023 se perdieron 21.938 empresas a nivel nacional.

Según los datos del Ministerio de Economía bonaerense, a cargo de Pablo López, en el caso de PBA la caída fue de 5.832 unidades productivas en el mismo período. Esto implica que, solo en ese distrito, cerraron en promedio siete empresas por día desde fines de 2023. La dinámica no solo muestra una caída, sino también un cambio de tendencia.

Tras la recuperación pospandemia, que había llevado el stock de empresas a niveles cercanos a las 520.000 unidades a nivel nacional, desde fines de 2023 se observa una trayectoria descendente que ya ubica el total en torno a las 490.000. En la Provincia, el número cayó hasta aproximadamente 147.665 unidades productivas, consolidando una baja durante dos años consecutivos. Por su parte, la decadencia del mercado laboral profundiza el cuadro.

Según datos del SIPA, desde diciembre de 2023 se eliminaron más de 270.000 puestos de trabajo registrados a nivel nacional. Solo en 2024 la caída fue de 170.976 empleos, mientras que en 2025 la pérdida continuó, con una reducción adicional de 106.232 puestos. Los dos pilares clave en el plan de los industriales bonaerenses En este marco, los industriales avanzan con un plan para reducir la presión tributaria y mejorar la competitividad de sus productos.

El primer eje apunta directamente a la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos aplicado a la industria. Aunque es una iniciativa que ya llegó a los oídos del Gobernador, aún no se conocen precisiones sobre la estrategia de implementación, puesto que la decisión implicaría un agujero fiscal que la Provincia no está dispuesta a sostener. La línea argumentativa para sostener la eliminación de IIBB la mantiene un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA): la provincia se ubica entre las jurisdicciones con mayor presión tributaria teórica sobre la actividad productiva, junto con Santa Fe y Córdoba, alcanzando el 10,1% del valor agregado bruto de las cadenas.

En el caso específico de la industria, la carga sobre el valor agregado asciende al 4,7%, un punto por encima de provincias comparables. Este nivel se explica, en parte, por la estructura del tributo: Ingresos Brutos se calcula sobre una base imponible cercana al valor bruto de producción, lo que amplifica su impacto a lo largo de la cadena, especialmente por el uso de insumos intermedios. Los datos oficiales también muestran la relevancia fiscal del sector.

En 2024, la recaudación teórica atribuible a la industria en la provincia fue de $1,67 billones, equivalente al 13,4% del total. Sin embargo, la recaudación efectivamente informada por el Ministerio de Economía bonaerense fue de $7,45 billones, “lo que sugiere la existencia de un nivel significativo de evasión y gasto tributario, estimado en torno al 40%”, entiende el informe. Aun así, por las características del sector y los regímenes de retención y percepción vigentes, ese desvío sería menor en la industria que en otros rubros.

El segundo frente de la estrategia empresaria se centra en el plano municipal. Allí, el foco está puesto en la judicialización de tasas que consideran “excesivas y distorsivas”. Un caso testigo es el del municipio de Pilar, donde la tasa de seguridad e higiene del 4,5% se combina con una tasa ambiental del 2%, alcanzando una carga total del 6,5% sobre la actividad.

Situaciones similares se replican en otros distritos: Quilmes aplica una tasa en concepto de Seguridad e Higiene del 3,74% y Hurlingham del 3,50%. Incluso fuera de la provincia de Buenos Aires se observan niveles elevados, como en San Fernando del Valle de Catamarca (3,30%), Río Cuarto (3,40%) y Villa Carlos Paz (4,80%). A esto se suma el caso de Misiones, frecuentemente señalado por el sector privado como una “aduana paralela” debido a sus mecanismos de retenciones y pagos a cuenta de Ingresos Brutos.