El Gobierno reconoce que existieron contactos con Estados Unidos por el alcance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, pero descarta avanzar con sanciones contra grandes fondos de inversión estadounidenses que puedan generar un conflicto diplomático con Washington. En la Casa Rosada aseguran que los planteos no modificaron la decisión de Javier Milei de impulsar el proyecto y relativizan las versiones sobre una presión de la administración de Donald Trump para frenar su tratamiento. En Nación admiten que hubo intercambios sobre las consecuencias que podría tener la aplicación del régimen sancionatorio sobre compañías estadounidenses, aunque sostienen que no se trató de una exigencia formal para retirar la iniciativa. “Hubo algo del estilo”, explican fuentes oficiales sobre los planteos que llegaron desde Washington.

En esos sectores agregan que algunos interlocutores no tenían presente que la Argentina ya cuenta con una legislación vigente sobre la materia. La posición de la Casa Rosada apunta a diferenciar las observaciones sobre el alcance de las sanciones de una intervención directa de la Casa Blanca para bloquear el proyecto. En el Ejecutivo consideran que la controversia fue sobredimensionada y rechazan que exista una definición estadounidense destinada a condicionar su aprobación.

En ese marco, mantienen la decisión de avanzar con la iniciativa y resolver las objeciones durante la negociación legislativa. El punto más sensible es la eventual aplicación de sanciones contra fondos de inversión con participaciones en compañías vinculadas con actividades económicas en las islas Malvinas. En el Gobierno descartan avanzar contra actores de ese peso, como BlackRock, si una medida de ese tipo compromete la relación bilateral.

La definición fue transmitida en conversaciones reservadas, aunque no implica que exista una excepción incorporada al proyecto ni una decisión administrativa formal sobre empresas determinadas. La preocupación se concentra en la amplitud del régimen sancionatorio y en la posibilidad de que alcance a accionistas, proveedores, intermediarios financieros y compañías con vínculos indirectos con proyectos de explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur. La discusión pasa por determinar hasta dónde se extiende la responsabilidad de cada actor y qué grado de participación debe acreditarse para aplicar una penalidad.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre propone reemplazar la Ley 26.659 por un régimen que amplía las prohibiciones a la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables. La iniciativa incorpora multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales, además de disposiciones específicas para quienes financien, faciliten o participen en las actividades alcanzadas por la norma. La legislación vigente ya contempla restricciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las áreas vinculadas con Malvinas.

La Ley 26.659 incluye supuestos de participación directa e indirecta y establece inhabilitaciones administrativas de entre cinco y veinte años, previo procedimiento. El nuevo paquete busca ampliar ese esquema a otros recursos naturales y reforzar los mecanismos de investigación y sanción. En el Ejecutivo distinguen además entre la apertura de actuaciones administrativas y la imposición efectiva de una penalidad.

Fuentes oficiales explican que las acciones vinculadas con empresas que operan en Malvinas se están trabajando de manera reservada entre la Secretaría de Malvinas de Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica. Por ahora, no hay confirmación de resoluciones sancionatorias definitivas contra los grandes fondos estadounidenses mencionados en la controversia. El Gobierno mantiene esa línea mientras busca avanzar contra la explotación petrolera del proyecto Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Norte de Malvinas.

La Casa Rosada pretende ampliar las herramientas para actuar sobre las compañías directamente involucradas y sobre la cadena de servicios que permite sostener las operaciones. La iniciativa contempla también mecanismos de regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas. La controversia con Estados Unidos se produjo en paralelo con una nueva postergación parlamentaria.

La Libertad Avanza suspendió el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto previsto para hoy y trasladó la discusión a la semana siguiente. El oficialismo tampoco incorporó el proyecto al temario de la sesión del miércoles 21, después de cuatro reuniones informativas sin conseguir las firmas necesarias para dictaminar. En la conducción parlamentaria atribuyen las dificultades principalmente a las diferencias sobre los capítulos de seguridad nacional, defensa e inteligencia.

Los bloques aliados reclaman modificaciones a las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, a los procedimientos de actuación militar, a la protección de infraestructuras críticas y al artículo 111 sobre injerencia extranjera. El Ejecutivo mantiene su rechazo a dividir el proyecto y tratar por separado las sanciones vinculadas con Malvinas. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, intervino en las negociaciones y ofreció incorporar una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad.

Sin embargo, las propuestas remitidas durante los últimos días no consiguieron cerrar los acuerdos. En el oficialismo reconocen que los cambios deberán seguir discutiéndose con el PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas antes de intentar nuevamente la firma del dictamen. El episodio coincide además con otro contrapunto diplomático.

El 15 de octubre, Estados Unidos pidió terminar con el mandato del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, donde la Argentina sostiene anualmente su reclamo por Malvinas. La representante estadounidense Tammy Bruce cuestionó el funcionamiento y los recursos utilizados por ese organismo, aunque el planteo no mencionó específicamente a las islas. El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció este lunes que Cancillería analiza la posición argentina frente a esa iniciativa estadounidense.

También evitó confirmar un pedido formal de Washington para modificar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y dejó abierta la posibilidad de que el Congreso introduzca cambios durante su tratamiento. El Gobierno busca preservar su reclamo de soberanía sin trasladar las diferencias a una confrontación pública con su principal aliado internacional. La Casa Rosada pretende mantener abiertos los dos frentes de negociación.

Por un lado, busca alcanzar un acuerdo parlamentario que permita sancionar el paquete de Malvinas sin desarmar su estructura central. Por el otro, apuesta a administrar los efectos diplomáticos y económicos de las eventuales penalidades mediante los procedimientos de aplicación. En Nación sostienen que los contactos con Washington no representan una orden para detener la iniciativa y que la prioridad sigue siendo avanzar con la ley sin comprometer el vínculo bilateral.