Previo a la visita de León XIV a la Argentina del 8 al 11 de noviembre, el Gobierno convocó a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a una reunión este lunes para dialogar sobre la realidad de las personas con discapacidad, en el Ministerio de Salud. Tras el encuentro, la CEA valoró la apertura al diálogo pero advirtió que "los gestos solos no alcanzan" y exigieron el pago de las deudas generadas por los incumplimientos en el sector. Al respecto, María Baya Casal afirmó que "Los gestos se traducen en realidades.

Los gestos no alcanzan, como dice el dicho: ‘De buenas intenciones está hecho el camino del infierno’". Además, informó de una nueva reunión entre la CEA y las áreas de Discapacidad y Salud: "Nos gustaría que hubiera más referentes, fue un planteo que se hizo. Es un camino que recién empieza”.

Además, advirtió de las faltas que afectan al sector: “Hay incumplimientos de la ley vigente, de emergencia, que son reales, el Gobierno los acepta. Es una ley que no se cumple en su totalidad. Lo que se debe comprometer a pagar el Gobierno son compensaciones, actualizaciones del 2023 al 2025, esa sería la deuda actual”.

La CEA confirmó haber sido invitada por el Gobierno para "dialogar sobre la realidad de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan por su cuidado, acompañamiento e inclusión". Además, agregaron que “es una oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector”. La reunión se produjo antes de la visita que el papa León XIV realizará el próximo mes al Cottolengo Don Orione, un centro residencial y de asistencia para personas con discapacidad.

Por parte del Gobierno participaron el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto, y funcionarios del área. En representación de la Iglesia estarán el secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad, constituida recientemente por la CEA con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas. En paralelo, la Cámara de Diputados tratará el 15 de octubre, en una sesión, distintos proyectos vinculados con la emergencia nacional en discapacidad.

La convocatoria fue impulsada por bloques opositores, que buscan llevar al recinto una discusión atravesada durante los últimos meses por los reclamos de organizaciones del sector y de los prestadores. El mes pasado, el oficialismo logró en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría sobre la situación de las personas con discapacidad, en medio de fuertes tensiones internas y con la oposición. La propuesta de La Libertad Avanza obtuvo 42 firmas junto a sus aliados, mientras que la oposición reunió 36 firmas para su iniciativa de prorrogar la emergencia.

El proyecto oficial se titula “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad” y propone reemplazar la actual emergencia, que vence a fin de año, por un régimen permanente. El objetivo es consolidar un esquema que brinde previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad. Entre sus ejes, la iniciativa busca “garantizar la sostenibilidad del sistema, asegurar la continuidad de las prestaciones y beneficios sociales y proteger los derechos de las personas con discapacidad, de manera permanente”, según destacaron desde la conducción libertaria.

El proyecto reafirma los principios de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, mantiene el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad y establece su actualización. También garantiza a sus beneficiarios el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. A su vez, permite que puedan trabajar y establece beneficios impositivos para quienes los empleen por tiempo indeterminado.

El dictamen de mayoría propone que la Pensión No Contributiva por Discapacidad equivalga al 70% del haber mínimo jubilatorio y permite compatibilizarla con el trabajo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, dispone que los recursos destinados a las prestaciones sean contemplados anualmente en el presupuesto del Ministerio de Salud, mantiene mecanismos para cancelar deudas con prestadores, incorporar controles periódicos sobre los beneficiarios mediante el cruce de información de distintos organismos y garantizar el acceso a Incluir Salud. Tensión presupuestaria y financiamiento crítico en las instituciones de asistencia El acercamiento entre el Ejecutivo y la conducción eclesiástica se da en un contexto de fuerte preocupación financiera por parte de los centros de asistencia y residencias para personas con discapacidad, como el Cottolengo Don Orione de Claypole.

En medio de la devaluación arancelaria e incrementos en los costos de mantenimiento, diversas instituciones del sector denunciaron que deben recurrir a fondos propios y donaciones de la comunidad para suplir los desfasajes en los aportes estatales. Desde la Iglesia advirtieron que la visita de León XIV pondrá bajo el foco público la fragilidad del sector y la urgencia de garantizar respuestas presupuestarias concretas. Por su parte, el llamado del Ministerio de Salud se interpretó como una estrategia del Gobierno para bajar la tensión política y tender puentes antes de la llegada del pontífice al país.

La reunión cobró mayor relevancia al coincidir con el descontento generado entre los prestadores de salud por las partidas recortadas para las pensiones no contributivas en el proyecto del Presupuesto, un punto que la CEA insistió en revisar para asegurar la sostenibilidad del sistema de contención a los sectores más vulnerables. PC/ EM / MSS