El fiscal federal Franco Picardi y el titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, pidieron que los dueños y directivos de la droguería Suizo Argentina, junto con responsables de otras 14 empresas farmacéuticas, sean citados a declaración indagatoria en la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Para los fiscales, entre mayo de 2024 y agosto de 2025, Suizo Argentina habría establecido un mecanismo de coordinación con funcionarios de la agencia para intervenir en las compras de medicamentos de alto costo, influir en las adjudicaciones y obtener contratos con precios elevados. De acuerdo a los cálculos de los acusadores, durante ese período, la compañía recibió órdenes de compra por $137.118 millones, cerca del 30% de las erogaciones totales de la Andis.

El dictamen de más de 300 páginas al que tuvo acceso MDZ, Picardi y Rodriguez describen una estructura en la que la empresa privada habría tenido una influencia determinante sobre decisiones que correspondían al organismo estatal. “Las decisiones institucionales de la Andis eran tomadas por la droguería Suizo Argentina en coordinación con los altos funcionarios a cargo”, afirmaron Picardi y Rodríguez. Los principales imputados y el esquema de sobreprecios con sobrefacturaciones millonarias El expediente tiene entre sus principales investigados al exdirector ejecutivo de la Andis, Diego Orlando Spagnuolo, y al exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini. En el sector privado, los nuevos pedidos alcanzan a Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina; Emmanuel Kovalivker, vicepresidente; y otros directivos y responsables de áreas comerciales de la compañía.

La lista también incluye a empresarios y responsables de otras droguerías que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habrían participado en un sistema de coordinación para distribuir las adjudicaciones y limitar la competencia. Los fiscales solicitaron, además, ampliar las indagatorias de Spagnuolo, Garbellini, Pablo Atchabahian, señalado como operador y lobista vinculado con la empresa, Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo, presidente de Droguería Génesis, entre otros. Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es la diferencia entre el costo de adquisición y el precio pagado por el Estado por determinados medicamentos.

El dictamen menciona, por ejemplo, un producto utilizado para tratar la esclerosis múltiple que, según los fiscales, habría sido adquirido por Suizo Argentina a $92.000 por unidad y vendido a la Andis por valores superiores a los $3,8 millones. En las comunicaciones incorporadas a la causa, un gerente de la empresa habría instruido a su equipo para que fijara libremente el precio de venta del medicamento. La frase citada en el documento fue: “El precio lo pones vos, loco, el que quieras, ganemos plata”.

Acuerdos entre proveedores, maniobras con intermediarias y supuestas dádivas a funcionarios Para los fiscales, estos valores no serían hechos aislados, sino parte de un mecanismo más amplio. Según el dictamen, Suizo Argentina recibía información anticipada sobre las necesidades de compra de la ANDIS, intervenía en la fijación de precios y podía influir en qué droguerías ganaban las compulsas. Los investigadores también identificaron archivos que, presuntamente, registraban los proveedores seleccionados y los precios antes de que concluyeran los procedimientos de contratación.

De acuerdo a la acusación, la empresa mantenía acuerdos con otras droguerías para organizar las ventas al organismo. En ese esquema, los proveedores que no respetaban las condiciones impuestas podían sufrir demoras en los pagos. Una de las comunicaciones citadas en el dictamen contiene una orden atribuida a Atchabahian: “Frená y dormí los pagos de Dihemo lo más que se pueda, están jugando mal”.

Otra de las firmas bajo la lupa es Droguería Génesis, que, según los fiscales, habría sido utilizada como intermediaria para vender medicamentos a la agencia estatal con incrementos superiores al 200%. El documento señala que la compañía pasó de tener una actividad prácticamente inexistente en 2023 a recibir adjudicaciones por más de $34.066 millones entre mayo de 2024 y agosto de 2025. La investigación también incorpora presuntos beneficios personales a funcionarios.

Los fiscales sostienen que Calvete habría recibido pagos de directivos de Suizo Argentina por más de US$54.000 durante 2024 y que gestionó un viaje de Spagnuolo a Israel, con pasajes, alojamiento y servicios de atención al viajero incluidos. La fiscalía interpreta esos gastos como posibles pagos vinculados con favores políticos. El impacto social de los desvíos y el rol decisivo del juzgado federal de Ariel Lijo Por otra parte, Picardi dio cuenta del allanamiento realizado en agosto de 2025 en las oficinas de Suizo Argentina, durante el cual sus directivos no habrían facilitado las claves de computadoras cuyos discos estaban encriptados.

Para los fiscales, dicha situación dificultó el acceso a información que consideraban relevante para la investigación. “Los hechos de corrupción no tienen una víctima concreta”, señalaron los fiscales al describir una idea que, a su criterio, no se ajusta a este expediente. En el caso de la Andis, agregaron, las personas con discapacidad y sus familias serían las principales perjudicadas por un eventual desvío de recursos destinados a sus necesidades. Ahora el juez Ariel Lijo deberá definir si hace lugar al planteo de ambos fiscales que buscan determinar las responsabilidades individuales y establecer si las compras estatales fueron manipuladas para favorecer intereses privados.