En el universo libertario, la figura del consultor ecuatoriano es vista con una mezcla de sospecha y resentimiento. Por eso, en el borrador de la reforma política que el Ejecutivo enviará al Congreso, resalta un punto que ya fue bautizado por la política como la "cláusula Anti Duran Barba". No es un nombre oficial, sino la etiqueta para definir el intento de Javier Milei por desterrar del sistema electoral a los estrategas foráneos.

El proyecto propone una restricción específica: impedir que asesores extranjeros trabajen en campañas nacionales. Aquí es donde el nombre de la cláusula cobra sentido legal: pese a su histórica influencia en el armado del PRO, Jaime Durán Barba no posee ciudadanía argentina, por lo que quedaría formalmente inhabilitado para ejercer su oficio en territorio nacional bajo estas nuevas reglas. La medida busca nacionalizar al 100% la "cocina" de los votos, prohibiendo también la difusión de publicidad política paga desde el exterior.

El factor Rubí y el "vuelto" del debate Si Durán Barba es el rostro de la norma, Antoni Gutiérrez-Rubí es el destinatario de la urgencia oficial. El estratega catalán, que comandó la campaña de Sergio Massa, es objeto de una fijación especial por parte del Presidente. Milei lo responsabiliza por la supuesta "estrategia de la tos" para desconcentrarlo en el debate de 2023.

Recientemente, el Gobierno intentó expulsar del país a Rubí alegando irregularidades migratorias, pero el operativo falló: el consultor —que hoy asesora a Jorge Macri— presentó su documentación y demostró poseer DNI argentino, lo que le otorga un paraguas legal del que el ecuatoriano hoy carece. Los otros ejes de la reforma Más allá del veto a los extranjeros, el paquete legislativo busca una reconfiguración total del sistema: - Eliminación de las PASO: Consideradas un "gasto innecesario" por la Casa Rosada. - Fin del financiamiento estatal: Los partidos deberán autosustentarse para sus campañas. - Boleta Única de Papel: Se incluiría el casillero de "lista completa", un cambio clave para la tracción de votos. - Parlasur: Los parlamentarios pasarían a ser designados de forma indirecta por el Congreso. Con este rediseño, el oficialismo no solo busca eficiencia económica, sino también blindar la soberanía electoral frente a los jugadores internacionales que, según la mirada oficial, han operado históricamente por fuera de los controles nacionales.