Las empresas editoras de Ámbito presentaron una acción de amparo contra el Estado nacional para que se restituya el acceso de sus periodistas a la Casa Rosada, luego de que el Gobierno decidiera retirar sus acreditaciones y bloquear su ingreso al edificio oficial. La demanda judicial, que solicita una medida cautelar innovativa urgente y cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Diego Armesto, fue realizada por NEFIR SA y Editorial Amfin SA, compañías responsables del medio. En ella se reclama que se habilite nuevamente el ingreso de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, quienes cubren desde hace años la actividad del Poder Ejecutivo.

En la presentación realizada a través del director de Ámbito, Gabriel Morini, se sostiene que la restricción vulnera derechos constitucionales como la libertad de prensa, el derecho a trabajar y el principio de igualdad ante la ley. Además, advierte que la medida afecta no solo a los periodistas involucrados sino también al derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno. En el escrito presentado ante la Justicia federal se destaca que ambas periodistas contaban con acreditación permanente para ingresar a la sede de Gobierno, pero el pasado 23 de abril se les impidió el acceso cuando intentaron ingresar a Balcarce 50.

Personal de Casa Militar les informó que sus huellas digitales habían sido eliminadas del sistema de ingreso. "Solicitamos a V.S. que haga lugar a la presente acción de amparo, pero previamente y como medida cautelar innovativa urgente, requerimos que se rehabilite de inmediato la autorización de ingreso a las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, a efectos participar como acreditadas en la Casa de Gobierno", dice el escrito. Medida ilegítima y arbitraria La demanda sostiene que la decisión fue adoptada de manera “ilegítima y arbitraria” por el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Comunicación y Medios, la Secretaría General de la Presidencia y la Casa Militar, organismos a los que apunta la acción judicial. En el amparo se señala que las periodistas estaban debidamente registradas para realizar su trabajo en la Casa Rosada y que el medio cumplió con todos los requisitos administrativos requeridos para mantener las acreditaciones.

El escrito también menciona declaraciones públicas del secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien indicó en redes sociales que la decisión de retirar las huellas dactilares de periodistas acreditados se tomó de manera preventiva ante una denuncia por presunto espionaje ilegal. Ante esta situación, Ámbito solicitó al juez una medida cautelar innovativa urgente para que se restablezca de inmediato el ingreso de ambas acreditadas a la Casa Rosada y puedan retomar sus tareas habituales de cobertura periodística. En el texto también se citan pronunciamientos del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que manifestaron preocupación por la decisión del Gobierno de restringir el acceso de periodistas acreditados a la sede del Poder Ejecutivo.

El amparo solicita finalmente que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la medida y ordene restituir las acreditaciones para que las periodistas puedan volver a ingresar a la Casa Rosada en representación de Ámbito.