Las empresas que operan las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional en el AMBA comenzarán a reducir sus frecuencias como medida de protesta. El primer recorte recaerá sobre la franja nocturna, la de menor demanda, y afectará a los servicios que conectan la provincia de Buenos Aires con la Ciudad. El sector atribuye la decisión a la brecha entre lo que el Estado estimó que recaudaría el sistema y lo que efectivamente ingresó. A raíz de esto, y luego de reunirse este martes con representantes, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía presentó un conjunto de medidas destinadas a “mejorar el esquema de compensaciones que reciben las empresas”. El reclamo del sector Según explicó Marcelo Paciutto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la baja inicial es del 50% de los servicios entre las 22 y las 5. No descartó que la medida pueda extenderse a otros horarios. De acuerdo con Paciutto, las proyecciones oficiales hablaban de $ 280.000 millones, pero las empresas cobraron $ 240.000 millones, es decir, $ 40.000 millones menos entre junio y octubre. El dirigente, en declaraciones a radio AM 530, atribuyó la diferencia a que se realizaron menos viajes de los previstos o a errores en los cálculos. A ese faltante se suma, según el sector, la ausencia de un plan de pagos. Paciutto contó que, cuando preguntan por una eventual cancelación en cuotas, la respuesta es que “no tenemos fecha”. Las empresas aseguran que esa deuda se arrastra desde junio. Los datos del relevamiento sectorial muestran un sistema en retroceso. En septiembre viajaron 200,9 millones de pasajeros, contra 225,379 millones en el mismo mes de 2025, una caída del 10,88%. La flota activa pasó de 17.310 a 16.700 unidades, un 3,52% menos. El Índice Bondi, que elabora la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), calcula que el costo real de operar el sistema en septiembre fue de $ 453.495,79 millones. Las estructuras de costos oficiales reconocieron $ 361.692,50 millones, por lo que la diferencia en el mes llegó a $ 91.803,29 millones. Según AAETA, un boleto sin subsidios debería valer $ 2494,13. Con ese parámetro, la tarifa cubre el 33,91% del costo, y el déficit por pasajero asciende a $ 456,92. Qué dice el comunicado de las cámaras Cuatro entidades empresarias (CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) firmaron un comunicado conjunto en el que piden recomponer los ingresos para evitar una paralización total del servicio. Sostienen que las autoridades nacionales todavía no definieron cómo van a actualizar la estructura de costos ni las compensaciones. Según el texto, la restricción de frecuencias sería gradual y buscaría administrar los recursos con los que cuentan las compañías. Las empresas la vincularon con el próximo pago de aguinaldos, las nuevas negociaciones paritarias y el aumento de los costos operativos. Cuáles son las líneas que reducen las frecuencias El esquema alcanza a 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Entre ellas se encuentran las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195. El anuncio del Gobierno El encuentro que mantuvo la Secretaría de Transporte con representantes de las cámaras se desarrolló en medio de los reclamos. Según informó el organismo, las iniciativas buscan atender las demandas planteadas por las empresas, “otorgar mayor previsibilidad económica y financiera al sector” y garantizar la “continuidad de las prestaciones para millones de usuarios” que diariamente utilizan los servicios de transporte público. Durante la reunión, las autoridades nacionales expusieron la actualización de la estructura de costos vigente desde octubre, una revisión que contempla una adecuación de los valores reconocidos para la prestación de los servicios y que impactará directamente sobre las compensaciones mensuales que perciben las compañías. Desde la Secretaría de Transporte señalaron además que el nuevo esquema incorpora un mecanismo de actualizaciones progresivas destinado a “acompañar la evolución de los costos operativos” y evitar desfasajes significativos entre los costos reales de explotación y los ingresos reconocidos por el Estado. Además, frente al reclamo por las diferencias de recaudación, el Gobierno presentó una propuesta de regularización que contempla un esquema de cancelación en tres cuotas. Las autoridades también informaron modificaciones en los mecanismos de cálculo de la recaudación y de las compensaciones económicas, destinadas a corregir diferencias acumuladas y a optimizar el proceso de liquidación de los pagos.