La cantidad de menores bajo detención aumentó en Italia un 40 % desde 2022, lo que sometió al sistema a una "fuerte presión". El gobierno de Giorgia Meloni está avanzando en sus planes para ampliar la capacidad de los denominados IPM (centros de internación para menores) mediante la construcción de nuevas instalaciones y la renovación de las ya existentes, que se encuentran en estado de deterioro. En las últimas horas, como es habitual, tuvo lugar una reunión más en el Ministerio de Justicia para abordar la cuestión.

Un debate motivado, en parte, por las detenciones efectuadas en espacios públicos a raíz de los disturbios de los últimos días, en los que, en el caso de Milán, el 80% de los implicados eran menores de 18 años, incluidos algunos que apenas habían entrado en la adolescencia. "Nunca antes se había producido una serie de detenciones masivas que involucrara a menores —reflexiona el ministro de Justicia, Carlo Nordio—, pero hay momentos en los que, lamentablemente, resulta necesario encarcelar a individuos violentos". "El sistema penitenciario juvenil se encuentra actualmente bajo una gran presión", agregó. La reunión en el ministerio —una de varias que tienen lugar periódicamente— tiene como objetivo, dijo, "tratar de resolver este problema, tanto mediante la asignación de los limitados fondos de los que disponemos para ampliar la capacidad de los centros de detención juvenil como, potencialmente, mediante la consecución de acuerdos para readaptar secciones de prisiones e instituciones penitenciarias destinadas a adultos, a fin de que sean utilizadas por menores". Este último enfoque ya se había puesto a prueba en 2025 en la prisión de Bolonia, donde se estableció una sección temporal para jóvenes de entre 21 y 25 años dentro del centro penitenciario "Dozza", con el fin de aliviar la presión sobre los centros de detención de menores.

Duras críticas de la oposición as cifras, de hecho, aumentaron desde el inicio de la actual legislatura, un periodo marcado, en particular, por el "Decreto Caivano", que incrementó el recurso a la prisión preventiva y endureció las penas penales. Al mismo tiempo, sin embargo, se registró un aumento sustancial de los delitos cometidos por jóvenes a lo largo de estos últimos cuatro años: los intentos de homicidio y el uso de armas crecieron un 60%, los actos de violencia en general un 50% y los delitos sexuales un 30%. Hasta tal punto que el número de internos en los centros de detención de menores (IPM, por sus siglas en italiano) pasó de 280 en 2022 a 570 en la actualidad.

En total, existen algo más de 600 plazas disponibles repartidas en 19 centros de este tipo. Paralelamente, se están llevando a cabo diversas actuaciones —que incluyen nuevas aperturas (como la de Rovigo este año) y renovaciones (en L'Aquila y Lecce)—, las cuales permitieron añadir, hasta la fecha, un centenar de plazas. En los próximos meses se habilitarán otras 150 plazas, tras la ampliación del centro de Casal del Marmo y de otros centros de detención de menores situados en Turín y Bolonia.

La asociación Antigone, por el contrario, sostiene una postura distinta al señalar que "en agosto, el 68,1% de las personas recluidas en centros de detención para menores (IPM) no contaban con una sentencia condenatoria firme, y más de una de cada cuatro estaba a la espera de su juicio inicial. En consecuencia, una proporción muy elevada de estos jóvenes se encuentra en prisión como resultado de una política que amplió progresivamente el recurso a la detención, en lugar de mantenerla como una medida de último recurso". Un argumento que la asociación plantea haciendo referencia a diversos decretos aprobados durante la actual legislatura.

El Partido Democrático (PD), opositor al gobierno, también habla de una "deriva sumamente peligrosa" y señala que, "tras haber desmantelado progresivamente el sistema de justicia juvenil, ahora se llega incluso a plantear la posibilidad de destinar espacios dentro de las cárceles para adultos a los menores de edad". El Movimiento Cinco Estrellas (M5S, de centroizquierda) lo califica, por su parte, de "propuesta descabellada". Por su parte, la Alianza Verde y de Izquierda (AVS) sostiene que "al abordar la cuestión de los adolescentes de esta manera, el ministro se sitúa en total contradicción con el espíritu de la Constitución".

Entretanto, el partido Pi— Europa (de ideología liberal y proeuropea) sostiene que "con el decreto de Caivano, Nordio también llenó los centros de detención de menores, que ahora se encuentran al borde del hacinamiento". Agencia ANSA PB Sobre la firma