La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) atraviesa una situación crítica tras la renuncia de 83 docentes e investigadores y advierten que son señales de alerta sobre la continuidad de sus actividades académicas y de investigación de cara al ciclo lectivo 2026. El dato no parece aislado. Los docentes lo consideran “un nuevo capítulo de la crisis en el sistema universitario público, con fuerte impacto en el ámbito científico y educativo”. A las dimisiones se suman también bajas entre el personal nodocente y un crecimiento sostenido en los pedidos de jubilaciones anticipadas, lo que configura un escenario de debilitamiento estructural dentro de una de las casas de estudio más reconocidas del país. El impacto ya se proyecta sobre el ciclo lectivo y la investigación La decana de la facultad, Adriana Rodríguez, advirtió sobre la gravedad del contexto y puso el foco en la pérdida de capital humano altamente calificado. Según señaló, se trata de profesionales con formación de posgrado y amplia trayectoria en investigación, muchos de ellos con reconocimiento internacional, que optan por continuar sus carreras en el exterior ante la imposibilidad de sostener condiciones laborales adecuadas en el país. El fenómeno responde, en gran medida, al deterioro de los ingresos del sector. De acuerdo con datos institucionales, los salarios acumulan una caída del 34% desde noviembre de 2023, lo que impacta de lleno en la capacidad de retener talento. Este escenario no solo afecta a los trabajadores, sino que también condiciona el funcionamiento integral de la universidad, comprometiendo tareas esenciales como la enseñanza, la investigación y las actividades de extensión. En este contexto, la Universidad de Buenos Aires ratificó la emergencia salarial y presupuestaria para el ejercicio 2026 y elevó un reclamo al Poder Ejecutivo nacional. El pedido apunta a la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (Ley 27.795), considerada clave para revertir la situación actual. La solicitud fue dirigida a áreas centrales del Gobierno, con el objetivo de lograr una recomposición que acompañe el ritmo inflacionario y permita sostener el funcionamiento del sistema. Desde la institución advierten que, sin una respuesta urgente, sectores sensibles como la salud, la investigación científica y la formación profesional podrían verse seriamente afectados. Más allá de los números, el problema adquiere una dimensión estratégica. La salida de investigadores no solo implica una pérdida para la universidad, sino también para el sistema científico nacional, que ve cómo recursos humanos formados durante años migran hacia otros países en busca de mejores condiciones. Frente a este escenario, las autoridades universitarias buscan visibilizar el conflicto y generar conciencia sobre las consecuencias de una crisis que trasciende lo coyuntural. La preocupación no se limita al presente inmediato: lo que está en juego es la sostenibilidad de un modelo de educación pública que es considerado un pilar en la formación de profesionales y en la producción de conocimiento en la Argentina.