El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi) necesita que al menos un 32,7% de las inversiones sea genuinamente adicional —es decir, que no se habría realizado sin la existencia del esquema— para alcanzar el punto de equilibrio fiscal y compensar los beneficios tributarios concedidos. Así lo determinó un informe elaborado por la consultora EcoGo, el cual señala que los proyectos actualmente aprobados generarán un impacto fiscal neto positivo por encima de ese umbral. Actualmente, el esquema cuenta con 23 proyectos aprobados formalmente, que representan inversiones anunciadas por US$ 39.429 millones y un capital computable de US$ 33.837 millones.

Al considerar la totalidad de las iniciativas en evaluación y anunciadas, el universo potencial informado alcanza los US$ 209.247 millones. Gasto tributario frente a recaudación efectiva El estudio diferencia conceptualmente entre el gasto tributario (los impuestos que el Estado deja de percibir respecto del régimen general) y el costo fiscal neto: Costo tributario a valor presente: Para los 23 proyectos aprobados, el beneficio fiscal otorgado equivale a US$ 8.493 millones. Su pico anual se registraría hacia 2035, alcanzando cerca de US$ 1.600 millones (un 0,25% del PBI).

Si se contemplan todos los proyectos identificados, la renuncia fiscal ascendería al 0,65% del PBI. Recaudación proyectada: Bajo los supuestos del ejercicio, los proyectos aprobados generarán US$ 17.499 millones a valor presente en tributos directos e indirectos, superando por más del doble a los US$ 8.493 millones resignados. Mecanismo de adicionalidad: Si uno de cada tres dólares invertidos se materializa gracias al RIGI, la recaudación adicional obtenida alcanza para compensar la renuncia tributaria del conjunto.

Disparidad fiscal entre la Nación y las provincias El reporte advierte sobre un marcado desequilibrio entre las arcas nacionales y las provinciales en la distribución de costos y beneficios: Pérdida concentrada en la Nación: De los US$ 8.493 millones resignados a valor presente en los proyectos aprobados, US$ 6.231 millones corresponden a tributos nacionales (derechos de exportación, aranceles de importación e impuesto al cheque). Provincias receptoras: Conservan regalías y tributos locales, además de la coparticipación. Por ello, solo requieren un 17,7% de adicionalidad para equilibrar sus cuentas, recaudando 4,6 veces lo que ceden.

Provincias no receptoras: Requieren un 32,1% de adicionalidad, recaudando 2,1 veces lo cedido. Estado Nacional: Exige un umbral del 38,5% de adicionalidad, ya que recauda 1,6 veces los recursos asignados. Escenario ampliado y desafíos del esquema Al extender el análisis a 39 proyectos identificados (por US$ 87.409 millones anunciados), el costo tributario a valor presente sube a US$ 24.175 millones, frente a una recaudación esperada de US$ 50.542 millones.

En esta muestra ampliada, el umbral de adicionalidad nacional escala al 44,4%, mientras que para las provincias receptoras se reduce al 13,7%. Esto responde al peso de los proyectos hidrocarburíferos, que concentran la renuncia impositiva en tributos nacionales y dejan las regalías en las jurisdicciones productoras. Desde EcoGo destacaron que el Rigi resulta muy atractivo para la rentabilidad de emprendimientos intensivos en capital y no necesita que la totalidad de la inversión sea adicional para ser fiscalmente sustentable.

Sin embargo, recalcaron que el desafío central pasa por maximizar esa adicionalidad y asegurar un verdadero encadenamiento sobre proveedores locales, empleo, infraestructura y actividad económica.