La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) volvió a poner en primer plano el deterioro del vínculo entre poder y prensa. En el marco de su 190ª Junta de Directores, realizada en Buenos Aires, ADEPA presentó su informe semestral de Libertad de Prensa con una advertencia que excede la coyuntura: el clima de agresividad, estigmatización y presión contra el periodismo erosiona el debate público y afecta el derecho de la sociedad a estar informada. El documento, leído por Daniel Dessein como presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, sostuvo que la democracia necesita intercambio, contraste de ideas y respeto institucional para sostenerse.

Desde esa premisa, la entidad remarcó que el periodismo profesional cumple una función central en la vida democrática porque investiga, verifica, contextualiza y somete al escrutinio público decisiones de interés colectivo. El punto de fondo del informe es claro: sin libertad de prensa, el deterioro no alcanza solo a los medios, sino también a la calidad de la conversación democrática. Un llamado directo al poder político ADEPA trazó una línea nítida entre la crítica legítima al trabajo periodístico y las prácticas de hostigamiento que buscan deslegitimar o condicionar la tarea informativa.

En ese punto, el informe fue especialmente explícito al reclamar que el Presidente, las autoridades de todas las jurisdicciones y la dirigencia en general den un ejemplo de comportamiento republicano frente a las críticas y abandonen actitudes de menoscabo hacia la función periodística. La entidad advirtió además sobre un efecto contagio. Según planteó, cuando quienes ocupan posiciones de liderazgo naturalizan la descalificación o el señalamiento, terminan habilitando un clima social más agresivo contra periodistas y medios.

En tiempos de fragmentación, aceleración comunicacional y mayor virulencia política, ADEPA sostuvo que el diálogo entre actores institucionales sigue siendo una herramienta esencial para preservar la convivencia democrática. Agresiones, censura y restricciones El informe repasó una serie de episodios ocurridos en los últimos meses que, a juicio de ADEPA, afectaron el ejercicio del periodismo en el país. Entre ellos figuran intimidaciones a periodistas durante coberturas, agresiones físicas, amenazas, restricciones al acceso a la información pública y hasta un caso de censura judicial previa en Tucumán.

La entidad también recordó presiones ejercidas desde el ámbito deportivo, que ya habían motivado una manifestación pública de preocupación en diciembre. Dentro de ese relevamiento aparecen hechos de distinta gravedad pero leídos bajo una misma lógica: la creciente dificultad para ejercer el oficio sin presiones externas. ADEPA incluyó en ese mapa tanto agresiones directas en la calle como decisiones institucionales que, según su lectura, afectan principios básicos de transparencia, acceso a la información y libertad de expresión.

La inquietud por la Oficina de Respuesta Oficial Uno de los capítulos que más preocupación generó en el semestre fue la creación de la llamada Oficina de Respuesta Oficial. ADEPA reconoció que en cualquier democracia los gobiernos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir la información que consideren pertinente. Pero advirtió que el problema aparece cuando esa herramienta deriva en una dinámica acusatoria o de estigmatización hacia voces críticas.

Desde esa mirada, la entidad cuestionó especialmente el riesgo de que se intente instalar una suerte de “verdad oficial” frente a la desinformación. Para ADEPA, la mejor respuesta frente a ese fenómeno no es una estructura estatal que señale o desacredite periodistas, sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, regidos por la ley y por estándares de libertad de expresión. La idea que sobrevuela todo el documento es que en una democracia la credibilidad no la decreta el poder: la construyen —o la quitan— los ciudadanos.

El mensaje de fondo Más allá del repaso de episodios concretos, el informe buscó dejar una definición política e institucional más amplia. ADEPA reafirmó que la libertad de prensa no puede pensarse como un privilegio corporativo de medios o periodistas, sino como una garantía de la sociedad para acceder a información plural y participar de una discusión pública abierta. En esa lógica, el deterioro del clima contra el periodismo termina siendo también un deterioro de la vida democrática.

El cierre del documento condensó esa posición en una frase que funcionó como advertencia y como llamado: “La democracia y la libertad requieren del diálogo”. En medio de una escena pública cada vez más crispada, ADEPA eligió volver sobre una idea básica, pero cada vez más tensionada: que la diferencia entre crítica y hostigamiento no es menor, y que el modo en que se tramitan los desacuerdos define buena parte de la salud institucional de un país. DCQ