La Unión Industrial Argentina (UIA) firmó un acuerdo con el Ministerio de Economía para implementar medidas para combatir el contrabando. Incluye controles en plataformas de compra-venta online e incluso el cierre de cuentas. El acuerdo, que había anticipado El Cronista, contempla la revisión de normativas e incorporar herramientas tecnológicas y controles para mejorar la detección del contrabando, el fraude marcario y la venta de productos fuera de norma, así como la fijación de valores de referencia en la importación de bienes sensibles. También se supervisarán las ventas en locales físicos y plataformas digitales. Como última instancia, crea mecanismos de intercambio de información con la Secretaría de Industria, Comercio y Pequeña y Mediana Empresa. La información se segmentará en base a “productos sospechosos que compiten deslealmente con la producción local” para identificar “a quienes operan de manera ilegítima”. La firma fue efectuada por Martín Rappallini, presidente de la UIA, y Pablo Lavigne, secretario de Industria. Distintas cámaras empresarias vinculadas al comercio también participaron de la iniciativa a través de convenios específicos con los principales sitios de compra-venta online. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Unión Industrial Argentina (UIA), firmaron convenios específicos Mercado Libre, Meta para sus marketplaces en Facebook e Instagram, Frávega y Cetrogar. Las plataformas darán información sobre los oferentes de los productos de “categorías sensibles”. Por su parte, el Estado Nacional, a través de ARCA, cruzará los datos para identificar inconsistencias o irregularidades en la comercialización de los productos. Meta, dueña de Facebook e Instagram, se comprometió a dar de baja los sitios denunciados. De detectarse incumplimientos sobre las condiciones, podría derivar en el retiro de los productos del mercado, el cese de la comercialización y la intervención de la justicia. Por último, realizarán campañas de comunicación a sus vendedores y proveedores para reforzar el conocimiento de las obligaciones, en particular las vinculadas al origen de los productos ofrecidos. Según informaron desde la entidad industrial, el comercio ilícito representa el 5% del PBI y genera una pérdida fiscal de u$s 2300 millones al año. Desde distintos sectores industriales se mostraron optimistas con la medida y reconocieron que, en los hechos, con algunas plataformas ya ocurría que atendieran a los reclamos de cuentas que venden productos contrabandeados, como es el caso de Meta, que avanzaba sobre los planteos. Una buena señal que tomaron fue que estuvieran todos los jugadores sentados en la mesa del acuerdo, incluidos los más grandes, ya que, advierten, se alcanzó un punto de inflexión con los niveles de contrabando. Entre los sectores más perjudicados se cuentan los juguetes, sector que incluso advierte sobre un perjuicio directo a los niños, los cigarrillos, celulares (desde el sector estiman que uno de cada tres celulares operativos en Argentina es contrabandeado) y bebidas alcohólicas. Según la III Encuesta UIA, 6 de cada 10 empresas industriales se ven afectadas por el comercio desleal, y 4 de cada 10 sufren la competencia ilegal en la venta electrónica de productos a través de plataformas, redes sociales y marketplaces. La Secretaría y la UIA acordarán un plan de trabajo semestral con monitoreo trimestral, con informes del estado avance de las denuncias recibidas, en forma agregada, y demás acciones desarrolladas. Por la UIA, el seguimiento estará a cargo de la Mesa UIA de Acciones contra el Contrabando, el Comercio Ilegítimo y la Competencia Desleal, que integran cámaras sectoriales y regionales. La agenda se completa con controles sistémicos de comercio y en frontera, con elaboración de perfiles de riesgo y análisis de subfacturación, escáneres y trazabilidad de la mercadería, monitoreo de subfacturación de importaciones y, tal como anticipó El Cronista, establecer valores de referencia de Aduana para bienes sensibles. También incluirá el cumplimiento de normas equivalentes para comercio online y físico, así como la prevención del fraccionamiento y la subfacturación, la revisión de límites y condiciones del sistema courier y envíos postales.