La fase actual del litigio involucra la identificación de cuentas bancarias, contratos y activos localizados bajo jurisdicción de Estados Unidos que pertenezcan o estén vinculados al Estado español, como detalló Europa Press. Este proceso avanzó tras múltiples resoluciones favorables emitidas en jurisdicciones internacionales y busca ejecutar embargos para cubrir indemnizaciones dictadas por varios tribunales arbitrales a raíz de los recortes retroactivos a las primas de energías renovables aplicados durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Los acreedores afectados han activado mecanismos legales en Estados Unidos para reclamar el pago de sus demandas económicas. Según señaló Europa Press, estos procedimientos incluyen la emisión de requerimientos judiciales formales —'subpoenas'— y órdenes de descubrimiento de activos, enfocados en instituciones financieras, empresas participadas por el Estado español y organismos públicos con presencia o actividad en Estados Unidos. El propósito es rastrear relaciones comerciales, flujos de pagos y bienes potencialmente embargables para satisfacer las sumas adeudadas. Entre las entidades investigadas figuran sociedades relacionadas con la operación de España en eventos internacionales, como la participación prevista del país en el Mundial de Fútbol de 2026. Europa Press reportó que, hasta la fecha, siete laudos arbitrales han sido reconocidos por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, los cuales alcanzan un importe acumulado de 688,4 millones de euros, cifra que sigue aumentando por la acumulación de intereses de demora. Las empresas implicadas en estos casos son 9REN, con un laudo favorable de 44 millones de euros; Cube, con 40,2 millones; Watkins, con 79,5 millones; Infrastructure Services/Antin, con 125,1 millones; RREEF, con 74 millones; InfraRed, con 35 millones, y NextEra, con 290,6 millones de euros. La estrategia actual de los acreedores también contempla el registro y la ejecución de laudos en otros distritos federales dentro de Estados Unidos, entre los que se incluye el Distrito Sur de Nueva York, por considerarse posibles ubicaciones de activos estatales. En el contexto de la ejecución internacional, Europa Press explicó que este tipo de acciones suele aplicarse cuando el deudor, en este caso el Estado español, no da cumplimiento efectivo a laudos arbitrales previamente reconocidos judicialmente. Las actuaciones en territorio estadounidense representan una fase en la que los demandantes, respaldados por fallos judiciales, aspiran a que los bienes localizados sean reconocidos y disponibles para la ejecución de las sentencias. Las iniciativas de los acreedores también se extienden a varias jurisdicciones fuera de Estados Unidos. Según consignó Europa Press, en países europeos y en la región Asia-Pacífico se han iniciado y conseguido avances en la ejecución de las sentencias arbitrales. En Bélgica, los tribunales autorizaron el embargo de flujos de pago en el marco del caso OperaFund, lo que resultó en el bloqueo de 482 millones de euros que Eurocontrol —el organismo europeo de navegación aérea— debía transferir a Enaire, su contraparte en España, en compensación por la falta de pago del laudo. El medio Europa Press apuntó que el Tribunal Supremo del Reino Unido rechazó la última batería de argumentos presentados por las autoridades españolas en el caso Infrastructure Services, estableciendo que deben abonar una indemnización de 101 millones de euros más casi 27 millones por intereses debido al retraso en el cumplimiento del fallo arbitral. Igualmente, el Tribunal Superior de Singapur reconoció formalmente en febrero de 2026 la deuda de España con NextEra, ascendiendo a 290 millones de euros, mientras que en Australia, en agosto de 2025, la justicia federal ordenó la ejecución de laudos a favor de RREEF, 9REN, Watkins y NextEra, por un total de 469 millones de euros. De acuerdo con Europa Press, el monto total de la deuda del Estado español con las compañías acreedoras y demandantes alcanzó a mediados de marzo de 2026 los 2.302 millones de euros. De esa suma, 1.754,7 millones de euros corresponden directamente a indemnizaciones pendientes de pago producto de sentencias arbitrales, y 538,3 millones de euros representan sobrecostes judiciales y financieros vinculados a los procedimientos de ejecución y litigio emprendidos por los acreedores para asegurar el cobro de sus reclamaciones. La secuencia de demandas legales, procedimientos de embargo y movimientos en distintas jurisdicciones internacionales ilustra la magnitud y complejidad del conflicto entre los inversores en energías renovables afectados por recortes y el Estado español. Europa Press remarcó el carácter sistemático de las iniciativas de ejecución impulsadas por los acreedores internacionales una vez consolidados los laudos como sentencias ejecutables. Estas diligencias judiciales en Estados Unidos y en otros países persiguen el objetivo de garantizar el pago de las indemnizaciones establecidas tras la resolución de los arbitrajes, recurriendo al embargo de bienes estatales localizados fuera de España cuando la deuda sigue sin satisfacerse por vías ordinarias.