El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se vio obligado a hacer una concesión política y anunció que reformará su gabinete para dar lugar a los sectores sociales que reclaman un asiento en la mesa de decisiones. La decisión se da en el marco de las protestas que acorralan al primer mandatario de Bolivia. El gesto expone hasta qué punto el jefe de Estado, con apenas medio año en el poder, ya negocia su supervivencia frente a una calle que pide su renuncia.

Un gobierno joven que ya tambalea Con solo seis meses de gestión, Paz enfrenta una embestida social encabezada por indígenas, campesinos y mineros que mantienen, desde hace tres semanas, bloqueos de carreteras en La Paz y sus alrededores. Bolivia atraviesa la peor crisis económica en cuatro décadas, un escenario que vuelve explosivo cualquier reclamo y deja al oficialismo con escaso margen para maniobrar. "Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha", admitió el mandatario en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno. Consultado sobre cuándo concretará los cambios en su equipo, el presidente eludió precisiones: "Ya sabrán ustedes aquellos cambios", se limitó a responder.

La Paz, entre la batalla y la tregua El costado más crudo del conflicto se vive en las calles. Los sindicatos transformaron en los últimos días a La Paz en un campo de batalla con la policía que dejaron al menos medio centenar de detenidos, mientras los datos oficiales contabilizan no menos de 44 puntos de bloqueo en todo el país. La capital, epicentro de la protesta, ofreció este miércoles una una marcha pacífica de cientos de campesinos y transportistas y una jornada de relativa calma, una pausa cuya duración nadie puede garantizar.

El Gobierno denuncia un plan desestabilizador Mientras Paz ensaya la vía del diálogo, su propio canciller endurece el discurso. Fernando Aramayo denunció este miércoles que ciertos grupos dentro de las protestas buscan debilitar al gobierno y alterar el "orden democrático y constitucional". La doble estrategia —concesiones por un lado, advertencias de desestabilización por el otro— revela a un oficialismo que aún no define si está frente a un reclamo social legítimo o ante una ofensiva política, y que parece jugar a ambas lecturas a la vez.