Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko cuando era guerrillero, volvió al centro del debate por una eventual extradición a Estados Unidos por conductas de narcotráfico que habrían ocurrido antes del Acuerdo Final de Paz de 2016. La fecha de los hechos definiría si puede aplicarse la garantía constitucional de no extradición prevista para antiguos integrantes de las Farc-EP sometidos al sistema de justicia transicional. Por ahora, los documentos judiciales estadounidenses conocidos no incluyen una solicitud formal de extradición contra Londoño ni lo catalogan como acusado.

Las preguntas surgieron por menciones SOBRE presuntos nexos entre antiguos jefes guerrilleros y actividades de narcotráfico vinculadas al entorno del exdictador de Venezuela Nicolás Maduro, según una investigación de El Tiempo. PUBLICIDAD La abogada María del Rosario Vargas Montero, coautora de La verdad de la comisión de la verdad, sostuvo en diálogo con La FM Fin de Semana que la protección depende principalmente del momento en que habrían ocurrido las conductas. Su análisis se apoya en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017, que incorporó disposiciones para implementar el Acuerdo de Paz.

Cabe recordar que Maduro, que fue capturado por el gobierno de Donald Trump el 3 de enero de 2026, enfrenta los cargos de conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. PUBLICIDAD El 24 de noviembre de 2016 como límite temporal La fecha determinante es el 24 de noviembre de 2016, día de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP. La norma contempla una garantía de no extradición para los integrantes de esa organización y para quienes sean acusados de pertenecer a ella, siempre que se sometan al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Vargas Montero afirmó que no sería procedente entregar a Estados Unidos a un antiguo jefe guerrillero por hechos previos a esa fecha: “No resulta posible”. Durante la conversación se planteó que las acusaciones incluidas en documentos estadounidenses podrían referirse a conductas de 2013. PUBLICIDAD La protección puede abarcar delitos amnistiables y no amnistiables que estén comprendidos en el marco transicional.

Sin embargo, el límite temporal no basta por sí solo: también debe establecerse la condición de la persona, el vínculo de las conductas con el conflicto armado y la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Las facultades de la Jurisdicción Especial para la Paz La posible omisión de información ante la Jurisdicción Especial para la Paz no modifica, según la interpretación de Vargas Montero, la relevancia de la fecha de los hechos. La abogada sostuvo que “todo hecho previo al 24 de noviembre de 2016 no estaría sujeto a extradición”.

Esa garantía no implica una inmunidad frente a investigaciones o consecuencias judiciales. La JEP puede revisar las solicitudes relacionadas con antiguos integrantes de las Farc-EP y determinar cuándo ocurrieron las conductas atribuidas, además de establecer si encajan en el sistema transicional. PUBLICIDAD Cuando se alegan hechos posteriores a la firma del acuerdo, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz debe definir la fecha precisa de las conductas y el trámite aplicable.

Si comenzaron después de la firma y no guardan una relación estrecha con la dejación de armas, el caso puede pasar a las autoridades judiciales competentes, incluida una eventual extradición. El artículo 19 también prevé un procedimiento para pedidos de extradición contra familiares de antiguos integrantes de las Farc-EP hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad. Para hechos anteriores al acuerdo, la Sección de Revisión debe evaluar los señalamientos sobre la pertenencia del familiar a la guerrilla antes de definir si corresponde aplicar la garantía.

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