Los participantes de la acampada en la Puerta del Sol en Madrid continuarán instalados en la plaza. Al menos hasta leer la “letra pequeña” de los dos decretos aprobados este martes por el Gobierno. En declaraciones a los medios de comunicación, las portavoces del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu y Alicia del Río, han evitado poner fecha al fin de la acampada y han retrasado cualquier decisión a leer la “letra pequeña” de las medidas.

El Consejo de Ministros ha aprobado dos decretos: uno que contiene la medida de la renovación automática de los contratos, tal y como pedía el sindicato, y otro que incluye la regulación del alquiler de habitaciones, la prohibición de compras de los fondos buitre hasta 2028 y de los desahucios hasta 2030. Sin embargo, Racu ha calificado de “vergüenza” que se pueda separar en varias leyes su demanda y ha acusado al Ejecutivo de “jugar a la campaña electoral” y de practicar la táctica del “divide y vencerás”, que, según ha dicho, consiste en romper el decreto para que solo queden “migajas”. PUBLICIDAD Asimismo, las portavoces han exigido que se apruebe un único texto, “sin una sola coma cambiada”, y han advertido que cualquier otra cosa será “un decreto farsa”. “En las calles estamos echando un pulso histórico al Gobierno y le estamos diciendo a los políticos que el pueblo manda.

Más allá del texto que veamos mañana, esto continúa, esto solo acaba de empezar. Esto va de mucho más que una acampada”, ha afirmado Racu ante los medios. Los contratos indefinidos son una de las líneas rojas La protesta en Sol, que surgió la noche del pasado sábado tras una manifestación multitudinaria en rechazo al desahucio de Maricarmen, de momento se mantiene, aunque el sindicato ha explicado que esta misma tarde se celebrará una asamblea para tomar una decisión sobre la acampada. “Hasta que no veamos la letra pequeña del texto, no decidiremos si seguiremos aquí hasta el viernes”, ha añadido Racu al respecto.

PUBLICIDAD Precisamente la renovación automática de los contratos -medida que el Gobierno ha incluido en uno de los decretos- era una de las líneas rojas del sindicato, si bien también exigen una bajada de precios del alquiler y la suspensión de los desahucios, entre otros reclamos. La organización también ha atribuido a la presión popular de esta última semana el acuerdo alcanzado entre el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones y la abogada de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que residió durante siete décadas, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. Según ese acuerdo, podrá permanecer 8 años más en la vivienda por un importe mensual que no supera el 30% de sus ingresos, unos 500 euros, prácticamente la misma cantidad que estaba abonando hasta ahora con el contrato de renta antigua que firmó su padre durante el franquismo.

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