El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue absuelto por un juez federal del delito de delincuencia organizada, una resolución que le permitirá abandonar el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, donde ha permanecido recluido desde 2018, para continuar bajo prisión domiciliaria el proceso que enfrenta por presunto lavado de dinero. La decisión fue emitida por el juez Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Xochitepec, Morelos, quien determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar la responsabilidad penal del exmandatario en el delito de delincuencia organizada relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita. PUBLICIDAD Juez descarta responsabilidad de Roberto Borge en delincuencia organizada La sentencia representa un giro relevante en uno de los procesos más importantes que enfrentaba el exgobernador priista.

De haber sido declarado culpable, Borge habría enfrentado una condena que podía alcanzar entre 20 y 40 años de prisión. Aunque el fallo ordena su libertad respecto a esta causa penal, el exfuncionario no quedará completamente libre debido a que continúa sujeto a otro procedimiento judicial por presunto lavado de dinero. PUBLICIDAD En ese expediente ya había obtenido desde 2023 el beneficio de prisión domiciliaria, medida que ahora podrá hacerse efectiva.

Prisión domiciliaria por el proceso de lavado de dinero La defensa del exgobernador ya cumplió con los requisitos establecidos por la autoridad judicial, entre ellos el pago de una garantía económica y el uso de un brazalete electrónico para monitoreo. PUBLICIDAD Se prevé que en las próximas horas o, a más tardar, el 29 de mayo, Borge abandone el penal federal para ser trasladado a un domicilio donde continuará enfrentando el proceso judicial. Entre las condiciones impuestas destacan: - Permanecer bajo vigilancia electrónica. - Cumplir con las restricciones de movilidad ordenadas por el juez. - Mantenerse disponible para cualquier requerimiento judicial. - Continuar sujeto al desarrollo del proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las acusaciones por la venta de terrenos en Quintana Roo Las investigaciones de la FGR señalan que durante su administración, entre 2011 y 2016, Roberto Borge presuntamente favoreció la venta de terrenos propiedad del estado a familiares, amigos y presuntos prestanombres a precios inferiores a su valor real. PUBLICIDAD Según las autoridades federales, las operaciones involucraron predios ubicados en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, generando un presunto daño patrimonial superior a 900 millones de pesos para las finanzas públicas de Quintana Roo. Los señalamientos principales incluyen: - Venta de predios estatales por debajo de su valor comercial. - Presunto beneficio a personas cercanas al exmandatario. - Operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita. - Posible afectación millonaria al patrimonio estatal.

Detención en Panamá y extradición a México Roberto Borge fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Francia. PUBLICIDAD Tras varios meses de procedimiento judicial, fue extraditado a México en enero de 2018 y trasladado al Ceferepsi de Ayala, Morelos, donde permaneció privado de la libertad mientras avanzaban los distintos procesos en su contra. Otros casos ya no permanecen vigentes Además de las investigaciones federales por delincuencia organizada y lavado de dinero, el exgobernador enfrentó diversas acusaciones en el ámbito estatal por delitos como peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública.

PUBLICIDAD Sin embargo, de acuerdo con los registros judiciales actuales, ninguno de esos procedimientos del fuero común continúa vigente. La causa penal que permanece abierta es la relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual seguirá su curso mientras Borge cumple la medida cautelar de prisión domiciliaria. PUBLICIDAD La resolución judicial marca un nuevo capítulo en uno de los casos de presunta corrupción política más mediáticos de Quintana Roo en los últimos años y redefine la situación jurídica del exmandatario, quien permanecerá bajo supervisión judicial mientras concluye el proceso que aún enfrenta ante la justicia federal.

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