A un año de que la Corte Suprema dejara firme la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, los bloques de Unión por la Patria en Diputados y el Senado volvieron a denunciar que la expresidenta es víctima de una proscripción política; cuestionaron además las condiciones de la prisión domiciliaria y presentaron una carta dirigida a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura. “Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, durante la conferencia realizada en el Congreso. En el peronismo sostienen que existe un trato diferencial en su caso y plantean que la decisión judicial tuvo consecuencias que exceden el expediente de la causa Vialidad. Además, reclamaron que todo el arco político se exprese al respecto. “Las fuerzas políticas democráticas en la Argentina no pueden permanecer calladas ni mirando para otro lado frente a todas las arbitrariedades cometidas contra Cristina”, afirmó Martínez. También advirtió que “el silencio y, en muchos casos la convalidación de este accionar, no va a impedir que estos rasgos antidemocráticos terminen más temprano que tarde recayendo sobre la totalidad del sistema institucional político de la Argentina”. El reclamo por la situación judicial de Cristina Kirchner La conferencia de prensa se dio en el marco del primer aniversario del fallo que confirmó la condena e incluyó la entrega de un documento en el que los legisladores expresaron su “más rotundo rechazo, preocupación y repudio” por lo que consideran una persecución política contra la expresidenta, a través del Poder Judicial. En la carta, los bloques parlamentarios señalaron que la ratificación de la condena se produjo siete días después de que Cristina Kirchner anunciara su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral bonaerense y sostuvieron que la decisión tuvo una “finalidad política explícita” destinada a impedir su participación electoral. El texto también advierte sobre una supuesta afectación del derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes y afirma que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye una forma de proscripción incompatible con el funcionamiento democrático. Durante la conferencia, Martínez vinculó el caso con el funcionamiento institucional y aseguró que “no hay plena democracia cuando se impide el derecho de la ciudadanía a elegir libremente sus representantes” y “cuando se impide participar de la vida institucional y política a una dirigente de la talla de Cristina Fernández de Kirchner”. Las críticas por las condiciones de la prisión domiciliaria Además del cuestionamiento a la condena, buena parte del planteo estuvo centrado en las condiciones bajo las cuales la expresidenta cumple la prisión domiciliaria, especialmente en el uso de tobillera electrónica y las restricciones de visitas. Según los legisladores, son más severas que las que se aplican en otros casos de detenidos bajo el mismo régimen y, como ejemplo, mencionaron el informe presentado la semana pasada en el Congreso, en el que de un total de 2513 detenidos con prisión domiciliaria, menos del 20% usa tobillera y no llegan al 1% los que tienen restricciones de visitas. Sobre esa base construyeron buena parte del reclamo presentado ante la Corte y el Consejo de la Magistratura. “Esto demuestra que, además de persecución política, hay un ensañamiento injusto que no respetó las garantías constitucionales del debido proceso, no tuvo un juicio justo, le metieron los jueces a dedo, Mauricio Macri trasladó jueces para que la juzgaran, la Corte falló en tiempo récord justo cuando ella había anunciado que iba a ser candidata. No es un fallo jurídico, sino político”, dijo el senador camporista Mariano Recalde, en Radio Provincia. Dirigentes peronistas replicaron mensajes similares en redes sociales. “A un año de su injusta detención, seguimos denunciando las condiciones restrictivas y excepcionales que le han impuesto, y el daño que su proscripción le provoca a nuestra democracia”, escribió la diputada Cecilia Moreau. La senadora Juliana Di Tullio habló de “un año de la prisión injusta y aleccionadora de Cristina Kirchner”, mientras que la diputada Kelly Olmos se refirió al “uso del Partido Judicial para perseguir y proscribir” a la expresidenta y que, con una “sentencia, dictada sin pruebas y llena de arbitrariedades”, busca “castigar un proyecto político que gobernó ampliando derechos en base a las banderas peronistas”.