La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Cristian Gerardo García Martínez, señalado de almacenar y difundir decenas de fotografías y videos con contenido de abuso sexual infantil. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra. De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, el caso salió a la luz tras una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), la cual evidenció que el procesado habría compartido material de explotación sexual infantil a través de una plataforma digital internacional.

PUBLICIDAD Según la Fiscalía, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2025, García Martínez presuntamente envió desde su teléfono celular un total de 66 archivos con contenido explícito en los que aparecían niños, niñas y adolescentes siendo víctimas de abusos sexuales. Las labores investigativas permitieron establecer que el material habría sido almacenado y difundido desde la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar, y con base en los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes solicitó una orden de captura en contra del presunto responsable. PUBLICIDAD Las autoridades indicaron que la diligencia judicial fue ejecutada por unidades de la Policía Nacional en un inmueble ubicado en el barrio Nazareth, en Riohacha, La Guajira.

Además, durante el procedimiento de captura, las autoridades incautaron un dispositivo móvil que será sometido a análisis forense como parte del proceso investigativo. Posteriormente, Cristian Gerardo García Martínez fue presentado ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía le imputó el delito de pornografía con persona menor de 18 años, conducta contemplada en la legislación colombiana para sancionar la producción, posesión, almacenamiento, distribución o comercialización de material de explotación sexual que involucre a menores de edad. PUBLICIDAD Durante las audiencias preliminares, García Martínez no aceptó los cargos formulados por el ente investigador.

Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos atribuidos y el material probatorio presentado por la Fiscalía, el juez determinó imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial. Las autoridades reiteraron que este tipo de investigaciones hace parte de los esfuerzos conjuntos entre organismos nacionales e internacionales para combatir los delitos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Asimismo, recordaron que la distribución y almacenamiento de este tipo de contenido constituye un delito grave que vulnera los derechos fundamentales de los menores de edad y contribuye a perpetuar escenarios de violencia y revictimización.

PUBLICIDAD La Fiscalía destacó la importancia de la cooperación internacional en este tipo de casos, especialmente a través del intercambio de información con agencias especializadas que permiten identificar a personas que utilizan plataformas digitales para almacenar o difundir material de explotación sexual infantil. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación relacionada con delitos sexuales contra menores de edad y reiteraron su compromiso de avanzar en las investigaciones necesarias para proteger la integridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país. Mientras se surten las etapas judiciales correspondientes, el procesado continuará recluido en un centro penitenciario por orden de un juez de control de garantías.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación señaló que seguirá adelantando las diligencias investigativas necesarias para esclarecer en su totalidad las circunstancias que rodean este caso. PUBLICIDAD El delito atribuido a Cristian Gerardo García Martínez reviste una especial gravedad debido a que la posesión, almacenamiento y difusión de material de abuso sexual también perpetúan la vulneración de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Por esta razón, las autoridades consideran estas conductas como una de las formas más graves de violencia sexual, ya que contribuyen a mantener redes de explotación infantil y generan un impacto profundo en la integridad física, psicológica y emocional de las víctimas.

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