Madrid, 5 abr (EFE).- La Audiencia Nacional juzga a partir del martes a varios presuntos miembros de una trama que habría obtenido 15 millones de euros con la venta ilegal de contenidos audiovisuales, tanto retransmisiones de partidos de fútbol como películas y series, que conseguía pirateando la señal de numerosas plataformas de pago. Se sentarán en el banquillo por la presunta comisión de delitos de organización criminal, contra el mercado y los consumidores, contra la propiedad intelectual y blanqueo de capitales. La Fiscalía solicita en su escrito de acusación la condena más alta para el presunto líder de la organización (22 años y medio de cárcel), mientras que para los otros cuatro acusados pide penas de entre 8 años y medio y 16 años y medio de prisión. Para varios de ellos también reclama multas millonarias que ascienden a 70 millones de euros al presunto líder por el delito de blanqueo, y de 60 a otros implicados, y pide al tribunal que ordene la clausura de los dominios utilizados para poner fin definitivamente al acceso a los canales televisivos. El juez que investigó el caso estimó en dos millones los usuarios de los servicios ilegales ofertados por la organización y por sus filiales, y calculó que existían unas mil páginas web que ofrecían acceso a algo más de 40.000 canales televisión, series y plataformas en su conjunto. Distribución ilegal de contenidos audiovisuales La investigación sacó a la luz la existencia de una supuesta organización internacional que tenía por objeto la distribución ilegal de contenidos audiovisuales mediante el sistema IPTV (televisión por protocolo de internet) y el uso de enlaces M3U, ofertados a través de los dominios rapidiptv.com, rapidiptv.net, www.iptvstack.com, el foro https://iptv.community y diversas páginas web. El 'modus operandi' consistía en captar la señal de numerosas plataformas y canales de televisión para ser comunicada por una red privada a su propia estructura de servidores, situada en al menos trece países de Europa y Norteamérica, desde donde era era redistribuida a sus suscriptores. En la causa se llegaron a personar como acusación particular Warner Bros Entertainment, Universal City Studios, Universal City Studios Productions, Columbia Pictures Industries, Sony Pictures Television , Paramount Pictures Corporation, New Line Productions, Netflix Studios, Netflix US, Netflix international, Netflix Gobal, Netflix Worldwide Entertainment, Amazon Content Services, Disney Enterprises y la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Según el auto que propuso juzgar estos hechos, los contenidos eran ofertados en un atractivo entorno web a precios mucho más competitivos que los del mercado lícito, ofreciendo una amplísima gama de canales, películas, series o documentales, con garantía en la calidad e incluso su propia página web de soporte al cliente. A través de los distintos canales de televisión IPTV que se ofrecían por medio de la lista M3U se visionaban un total de 10.072 canales. Esta organización, además, ofertaba a los denominados 'resellers' o revendedores la posibilidad de crear su propia marca y servicio ilegal a modo de "franquicia" o filial. Tenía instalados 50 servidores por Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Bélgica, República Checa, Alemania, Suiza, Suecia, Reino Unido, Rumanía, y Luxemburgo. El juez José Luis Calama, que investigó la causa, concluyó que la presunta trama habría generado beneficios de al menos 15 millones de euros, al margen de los ingresos que de manera autónoma pudieran haber obtenido los 'resellers'. Para blanquear estas cantidades, la organización usaba presuntamente un sofisticado entramado consistente en remitir el dinero obtenido a pasarelas de pagos, 'exchange' de criptomonedas, empresas pantalla y la generación de facturas falsas. Entre las presuntas operaciones de blanqueo destacan la construcción de un edificio de viviendas en Irán, la adquisición de un inmueble en Barcelona valorado en 1,6 millones de euros y la compra de dos vehículos de alta gama con un valor de mercado de 400.000 euros.EFE