A dos meses de la ley de amnistía, denuncian que se pausó el proceso de liberaciones en Venezuela La organización no gubernamental (ONG) Foro Penal contabilizó sólo cinco excarcelaciones en los últimos días - 4 minutos de lectura' CARACAS.- Casi dos meses después de la ley de amnistía en Venezuela, la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal advirtió que el proceso de liberación de presos políticos se desaceleró, registrándose todavía 485 personas encarceladas en el país. El reclamo apunta al gobierno interino de Delcy Rodríguez, que asumió al mando tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, en una operación de Estados Unidos en Caracas. “Lamentablemente, la Ley de Amnistía está sirviendo más como un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos presos políticos —que hoy suman 485— que para acelerar su liberación", apuntó el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en su cuenta de X. Hasta la semana pasada, la ONG contabilizaba 490 detenidos por motivos políticos, con lo cual ocurrieron sólo cinco excarcelaciones en los últimos días.

Según se informó, entre los detenidos por razones políticas figuran 44 extranjeros o personas con doble nacionalidad, 187 son militares, 45 mujeres y uno es adolescente. #8Abril Lamentablemente la Ley de Amnistía está sirviendo más que para agilizar la libertad de presos políticos, como un embudo para relentizar o paralizar la libertad de muchos presos políticos que hoy son 485. — Alfredo Romero (@alfredoromero) April 9, 2026 Además, se advierte que al menos 11 adultos mayores de 70 años permanecen detenidos arbitrariamente, casos en los que, según el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, ni siquiera sería necesaria la amnistía, ya que la legislación vigente permitiría su excarcelación por razones humanitarias. El Parlamento venezolano informó a fines de marzo que 8.146 personas se han beneficiado de la amnistía, incluyendo 310 que estaban detenidas y 7.836 que estaban excarceladas, pero con diversas restricciones, sin gozar de libertad plena. Sin embargo, la ONG que monitorea estos casos, cuestiona su impacto real en la liberación de los presos políticos.

Por su parte, el gobierno interino de Rodríguez tampoco difundió una lista pública y detallada de los beneficiados con la ley, sino que se mantiene hermético sobre este asunto. Se trata de una de las principales demandas de la ciudadanía y de las organicaciones de derechos humanos que exigen transparencia en la inmediata liberación de los detenidos por razones políticas. La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó el 19 de febrero la Ley de Amnistía que, de acuerdo a las organizaciones de derechos humanos, presentaba un alcance limitado y no garantizaba la liberación de cientos de presos políticos.

La norma contempla la posibilidad de liberar a personas procesadas o condenadas por hechos ocurridos entre 2002 y 2025. La ley de Amnistía El texto aprobado establece amnistía para quienes hayan participado en protestas políticas y en “acciones violentas” vinculadas al fallido golpe de Estado de 2002, así como en manifestaciones o procesos electorales desarrollados en 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, excluye a quienes fueron condenados por “rebelión militar” en relación con los hechos de 2019.

La ley, compuesta por 16 artículos, no especifica de manera detallada los delitos alcanzados por la amnistía. Un borrador previo sí mencionaba figuras como instigación a delinquir, resistencia a la autoridad, rebelión y traición. Tampoco prevé la restitución de bienes incautados, la revocación de inhabilitaciones políticas ni el levantamiento de sanciones impuestas a medios de comunicación, aspectos que habían sido considerados en versiones anteriores.

Quedan excluidos de la amnistía los condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio, narcotráfico y corrupción, así como quienes promuevan, respalden o ejecuten “acciones armadas” contra Venezuela y su poblacióncon apoyo de Estados o entidades extranjeras. La denuncia de los organismos de derechos humanos se dan mientras el gobierno de Rodríguez, que ostenta relativa sintonía con Washington, apuesta por estabilizar una economía golpeada a fines de ganar legitimidad de cara a un futuro proceso electoral, que podría darse en mayo de 2027, o incluso a fines de este año, si se tiene en cuenta la demanda de la oposición. De acuerdo a una reciente publicación de ABC, la mandataria interina planea aplicar medidas para mejorar el ingreso de la población.

Entre ellas se destaca un posible aumento del salario mínimo de 150 dólares previsto para el 1° de mayo. No obstante, esto no estaría confirmado. Asimismo, se proyecta un flujo importante de ingresos vinculados al petróleo, con estimaciones de hasta US$2000 millones mensuales provenientes de ventas autorizadas, supuestamente, a partir de junio.

Aún así, distintas consultoras siguen mencionando a la líder opositora María Corina Machado como la gran favorita en un eventual escenario electoral.