Más de tres mil femicidios cometidos en 11 años, exactamente 3.096: la cifra, que aporta el Observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos" de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) da escalofríos. Y cuatro días antes del aniversario número once del primer #NiUnaMenos, este sábado se conoció que Agostina Vega, la adolescente de 14 años que estaba desaparecida hacía una semana en la provincia de Córdoba, estaba muerta: la mató la ex pareja de su mamá, que ya está detenido. Su caso, como el de Chiara Páez en Santa Fe, también de 14 años, que originó el primer #NiUnaMenos en 2015, conmueve por la edad y por haber muerto a manos de hombres en quienes ellas confiaban.

En el caso de Páez la investigación posterior señaló que Chiara estaba embarazada de tres meses de su novio, Manuel Mansilla, el femicida. Agostina Vega, en tanto, había ido a la casa de la ex pareja de su mamá, Claudio Barrelier, un hombre con antecedentes penales que apenas había estado 20 días preso en 2025 por mantener privada de su libertad a una joven, que en ese momento tenía 20 años. Convocatoria “La vida de las pibas importa muy poco”, arengó la activista Luci Cavallero, socióloga e investigadora de la Universidad de Buenos Aires en la conferencia de prensa de este lunes en la que se convocó a la movilización este 3 de junio a las 17 frente al Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las marchas se replicarán en todas las ciudades del país. La activista calificó el femicidio de Agostina Vega como el resultado de una “desidia organizada del Estado, un Poder Judicial que no buscó o lo hizo tarde y al que no le importa una piba pobre”. “La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva salió a hablar de la reducción de la cantidad de femicidios, pero hay muchas situaciones de violencia contra lesbianas, travestis y trans que no paran de multiplicarse. Este gobierno ejerce un antifeminismo de Estado, que nos ataca y fomenta la violencia y crueldad como único vínculo social”, enfatizó Cavallero.

Sobre las agresiones a lesbianas, travestis y trans, este mes comenzó el juicio por el triple lesbicidio de Barracas. El único acusado es Justo Fernando Barrientos, quien el 6 de mayo de 2024 arrojó una bomba molotov en la habitación que Pamela Cobbas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, dos parejas lesbianas, compartían en un hotel del barrio de Barracas. El hombre, que era vecino del hotel, ya las había amenazado e insultado antes del ataque.

En el caso de Agostina, afirmó Cavallero, tuvo lugar el “mecanismo racista y sexista” de culpar a la víctima. “El ‘algo habrá hecho’ se replica en los medios”, afirmó por los comentarios sobre si la víctima estudiaba, cuáles eran sus gustos y preferencias y con quiénes y cuándo se juntaba. La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, dijo en esa conferencia de prensa que el primer 3J, organizado por un grupo de periodistas que encabezó Marcela Ojeda, tenía entre sus demandas cinco puntos de los cuales “solo queda en pie y parcialmente el Registro de femicidios”, lo que da cuenta del arrasamiento en materia de políticas públicas por parte de la gestión de La Libertad Avanza. “El plan nacional para el abordaje de las violencias de género está desmantelado y por primera vez en la Argentina, en 40 años de democracia, no hay un mecanismo nacional que aborde este tema desde el Estado nacional”, dijo Díaz. Sostuvo que el presidente y sus principales funcionarios “niegan la violencia de género y pronuncian discursos de odio que promueven la estigmatización y la violencia y la impunidad machista”. “Son prácticas que alientan la violencia”, indicó. “La violencia de género tiene que tener un tratamiento especial, la política de seguridad tiene que entender que el lugar donde está en riesgo la vida en la mayoría de los casos es dentro de la vivienda, en las relaciones de cercanía y conocimiento, tal como ocurrió en el caso de Agostina”, completó Díaz.

El acceso a la Justicia y el proyecto de ley que impulsa Carolina Losada Según MuMaLá, solo el 9% de las víctimas de femicidio denunció a su agresor previamente y de ese pequeño grupo de mujeres que sí logró denunciar este año, 3 de cada 4 tenían una orden de restricción o perimetral activa que el Estado no controló. Además, señaló que 1 de cada 10 femicidas de 2026 ya tenía antecedentes penales por violencia de género con parejas anteriores; un riesgo que el Poder Judicial ignoró. Este año, la senadora Carolina Losada (UCR-Santa Fe) impulsó y logró que se emitiera dictamen de comisión para el proyecto de ley de las llamadas “falsas denuncias”, que aún no se trató en el recinto.

Desde las organizaciones de mujeres, madres protectoras y juristas expertas en violencia de género sostienen que “el principal propósito de esta iniciativa es disciplinar y amedrentar a las mujeres para que no denuncien”. La movilización de este miércoles también repudiará esta iniciativa. Desde Ni Una Menos sostienen que la propuesta podría favorecer la impunidad de agresores y convertirse en una herramienta de disciplinamiento contra mujeres, niñas y diversidades.

Un dato da cuenta de la ínfima magnitud de las falsas denuncias. Según un informe del Observatorio de Género de los Ministerios Públicos representan apenas el 0,09% de las 8,2 millones de causas analizadas entre 2023 y 2025. El documento subraya que el verdadero problema es el subregistro: el 77% de las mujeres que sufrió violencia de pareja nunca denunció.

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